Inician el debate parlamentario en un ambiente de protestas callejeras
10 may 2016 . Actualizado a las 12:54 h.El Gobierno socialista francés busca convencer a 40 diputados díscolos de la mayoría de izquierdas para sacar adelante su controvertida reforma laboral en el debate parlamentario iniciado ayer en un clima de protestas callejeras. Poco antes de la crucial cita en la Asamblea Nacional, el presidente, François Hollande, salió en defensa de la última gran reforma de un mandato que expira dentro de un año por entender que se trata de un «compromiso dinámico y justo».
Tanto el primer ministro, Manuel Valls, como la titular de trabajo, Myriam el Khomri, aseguraron que no tenían intención de aprobar el proyecto por la fuerza, mediante el mecanismo constitucional ya empleado el año pasado para promulgar la ley de liberalización de la economía pese a la hostilidad del sector crítico socialista. De repetirse el caso, la oposición conservadora anunció una moción de censura.
Está previsto que el examen de los 54 artículos del texto concluya el día 12 para ser votado el 17 si da tiempo a estudiar las 5.000 enmiendas presentadas, cerca de la mitad por las bancadas de comunistas y afines. Los socialistas, que no tienen la mayoría absoluta, pueden contar con el apoyo de radicales de izquierda y ecologistas reformistas. Pero les faltan los votos de 40 críticos para superar la oposición de los demás grupos.
Coincidencia irónica
Ironías de la historia, el debate parlamentario arrancó exactamente 80 años después de la llegada al poder en 1936 del Frente Popular, coalición de socialistas, comunistas y radicales que instauró conquistas sociales como las primeras vacaciones pagadas, los convenios colectivos o la semana laboral de 40 horas en lugar de 48. «Sería curioso que el Gobierno socialista celebre este 80.º aniversario traicionando una de esas herencias al cargarse la negociación sectorial», comentó el secretario general del sindicato Fuerza Obrera, Jean-Claude Mailly.
La primacía de los acuerdos de empresa sobre los convenios colectivos constituye la última novedad principal de la reforma tras las concesiones realizadas por el Gobierno. Este principio marca la división entre las centrales reformistas, partidarias de su aplicación, y los sindicatos contestatarios, hostiles a esa filosofía. Tras la renuncia gubernamental a fijar topes a las indemnizaciones por despido improcedente, la batalla se centra en la reglamentación de los expedientes de regulación de empleo. Otro punto sensible es la apreciación de las dificultades económicas de la filial francesa de una multinacional sin tener en cuenta la salud de las demás firmas del grupo en el mundo.