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La ONU también fracasó en su tercer intento de revisar a fondo su política sobre drogas

El pleno extraordinario de esta semana en Nueva York, a instancias de varios países latinoamericanos, para revisar la política de la comunidad internacional en materia de drogas ilícitas defraudó casi todas las expectativas


A CORUÑA

La comunidad de naciones sigue sin querer enterarse oficialmente de que su política internacional en materia de drogas ilícitas, además de ser de una hipocresía supina, es clave para la financiación de las distintas formas de delincuencia organizada, incluido el terrorismo.

Todo había quedato atado y bien atado en la reunión preparatoria de este pleno extraordinanrio. Al final, después de escuchar por boca del presidente colombiano José Manuel Santos los argumentos de los promotores de la iniciativa y la última genialidad del boliviano Evo Morales, que aboga por la ilegalizacion de la agencia Antidrogas Norteamérica (DEA), el plenario se limitó a aprobar el documento de mínimos consensuado hace un mes en Viena. En el mismo se elude cualquier alusión a la regulación de los derivados del cannabis, un tema en el que cada día surgen nuevas iniciativas en distintos países y bajo variadas fórmulas que tratan de sortear su inclusión a la lista de sustancias prohibidas por la propia ONU. Así, el presidente de México aprovechó este foro para anunciar la legalización de la mariguana para usos médico-científicos y está a punto de subir de 5 a 28 gramos la cantidad que se permite tener legalmente para consumo propio.

Pero algo se ha avanzado. En este pleno por primera vez se reconoce la autonomía de los países para aplicar las resoluciones internacionales y se asume la necesidad de buscar alternativas a la cárcel para los delitos menores. Por  fin se  planteó explícitamente en este foro algo que los países con políticas de drogas más avanzadas ya vienen haciendo hace años: la necesidad de reconocer las drogodependecias  como un problema de salud pública.

Cambio de enfoque

Este pleno extraordinario monográfico -el tercero en la historia de la ONU- se celebró por una iniciativa de numerosos países latinoamericanos, encabezados por Colombia, México, Ecuador y Uruguay,  que hace cuatro años plantearon la necesidad de cambiar el enfoque represivo en vigor desde el año 1971, impuesto por la administración de Richard Nixon,  por otro más preventivo que pase por una política de reducción de daños, tratando las drogodependecias como un problema sanitario y no con cárcel ni con la pena de muerte, que sigue siendo la receta más socorrida en muchos países. 

La estrategia represiva en vigor desde hace casi medio siglo no  ha logrado el «mundo libre de drogas» que decía buscar la comunidad de naciones a partir del anterior pleno monográfico celebrado en 1998 sino más bien todo lo contrario. Estadísticas solventes cifran en 246 millones el número de personas que consumen drogas ilícitas en el mundo, de las cuales unos 27 millones padecen algún tipo de adición.

Paradójicamente en Estados Unidos, el máximo baluarte de la política represiva, la sobredosis es la primera causa de muerte no natural,  por encima de las producidas por armas de fuego o por accidentes de tráfico. 

El principal promotor  del debate celebrado este semana, que inicialmente estaba previsto para  2018 fue el presidente de Colombia, José Manuel Santos. Su país fue el que aplicó con más rigor durante décadas la política represiva impuesta por EE.UU y pagó por ello una factura más alta incluso en vidas humanas: unas 100.000 personas. Desde el año 1993 fueron detenidas 995.000 colombianos  por delitos relacionados con  las drogas. El coste económico de esta guerra ha sido el 6% del PIB, sin contar los 9.000 millones que gastó EE.UU.en el llamado Plan Colombia, lo que no impidió que el año pasado la superficie plantada aumentase hasta llegar a las 69.000 hectáreas, solo en Colombia, y la producción creciese un 44%.

Evidencia matemática 

Que la guerra contra las drogas,  especialmente contra la cocaína, está perdida es una evidencia matemática desde hace años, por el volumen de negocio que genera -el segundo del mundo después del petróleo- y el primero en rentabilidad, derivada fundamentalmente de su prohibición.Un kilo de hoja de coca en la selva  cuesta un dólar, el de cocaína en el centro de producción: 1.000; en Bogotá 2.300; en Ciudad de México: 5.000 y en cualquier capital de la EU:  60.000 dólares.

Por otra parte, generan corrpción y violencia por donde pasan. Tal y como recuerda el ex presidente colombiano Gaviria, las actuales políticas antidroga matan más gente que la droga misma.

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