Las autoridades galas fuerzan la huida de un millar de inmigrantes que se resisten a ser registrados
01 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La cuenta atrás para certificar el cierre de La Jungla de Calais está en marcha. Empezó ayer con puntualidad. A las nueve de la mañana, un centenar de policías galos se apostaron en la entrada del campamento improvisado para comenzar las labores de limpieza y desalojo del terreno en el que habitan en condiciones de indignidad e insalubridad extremas unos 3.000 refugiados, al menos 400 de los cuales son menores no acompañados.
El desmantelamiento afecta a más de un millar de personas que deberán ser trasladadas a otros emplazamientos. Pero nadie quiere ser reubicado. Ni en los contenedores prefabricados aledaños al campamento ni en otros centros de acogida dispersos por Francia. Hay una razón que explica la resistencia feroz: si aceptan la reubicación tendrán que ser identificados y registrados. Nadie quiere hacerlo, porque les obligaría a pedir asilo en el país galo. Sin embargo, el deseo de todos ellos es atravesar el Canal de la Mancha y pedir protección en el Reino Unido. Y en Calais lo tienen al alcance de la mano. Solo tienen que lograr atravesar el Eurotúnel que conecta la isla con el continente.
La orden del Ministerio del Interior francés es clara: proceder al desalojo de forma gradual y pacífica, una operación «humanitaria» según el eufemístico entender de las autoridades regionales y nacionales. Las labores de limpieza se desarrollaron con normalidad durante la mañana pero la tensión se desató tan pronto como algunos refugiados se resistieron a abandonar las tiendas y sus escasas pertenencias. El enfrentamiento de los residentes y un centenar de activistas, la mayoría británicos, frente a la policía provocó numerosos altercados en la parte sur del campamento y se saldó con el incendio de una decena de tiendas y el lanzamiento de gases lacrimógenos y agua a presión por parte de las fuerzas del orden que tuvieron que suspender el desalojo a media tarde y dispersar a los refugiados.
Para evitar escenas violentas de esa magnitud, el Gobierno de Valls decidió dejar en pie por el momento las zonas comunes más sensibles como la Iglesia, el teatro o las escuelas de niños y adultos. Su desmantelamiento se reserva para una fase más avanzada.
Es una incógnita el destino que les deparará a los más de mil refugiados desalojados a la fuerza. Muchos se ven abocados a dirigir sus pasos hacia otros enclaves costeros al norte, más allá de la frontera francesa, o resignarse a pedir asilo en el país. La huida es un fenómeno que se multiplicó las últimas semanas. La rigidez de los controles fronterizos en Calais ha dificultado el tránsito así que los migrantes se dirigen ahora hacia la frontera belga camino de «localidades puente» como Zeebrugge. Más de 600 polizones fueron interceptados el pasado mes de enero en el puerto belga.