El Gobierno revisa 24.000 contratos públicos de la gestión kirchnerista y ya ejecutó 6.200 despidos
09 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La creciente conflictividad social por los despidos y el aumento de los precios amenaza con poner fin a la luna de miel de los argentinos con Mauricio Macri, que asumió la presidencia hace casi dos meses. La Asociación de Trabajadores del Estado convocó una huelga general el 24 de este mes en protesta por los despidos masivos y para pedir aumentos salariales.
El Ejecutivo reconoció haber despedido ya a más de 6.000 empleados públicos que cree que accedieron por razones políticas durante la gestión de Cristina Fernández (2007-2015). Según un recién creado Ministerio de Modernización, se están revisando 24.000 contratos, de los que 6.200 resultaron ya en despidos en distintos ministerios, sin contar los de organismos descentralizados ni los del Senado, donde 2.000 contratados quedaron en la calle, según la Cámara. «La revisión continuará hasta marzo», advirtió el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Los sindicatos, sin embargo estiman que el total de personas despedidas en los 80 días de Gobierno de Macri son ya más de 20.000. Denuncian que, además, se revisan las opiniones de los empleados en las redes sociales y se pide colaboración de los sindicalistas para identificar a los afines al kirchnerismo.
La cuestión económica
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, reconoció que el alza de los precios es lo que más le preocupa, pero espera controlarla con una menor emisión de moneda. Y es que el panorama empeoró desde que Macri ganó en segunda vuelta: los comerciantes comenzaron a subirlos en previsión de una devaluación y la inflación se aceleró. Después de la depreciación del peso (40 %), tras las primeras medidas económicas del nuevo Gobierno, los incrementos continuaron. La eliminación de subsidios a servicios públicos, que también afecta al gas, provocó una subida de la electricidad del 500 %, un alza que también afecta a los más vulnerables, pese a que disfrutan de una tarifa social.
Prat Gay admitió «excesos» también en la llamada guerra de la carne. El Ministerio de Agricultura estudia importar carne para hacer que bajen aún más los precios, pero hasta el momento no ha concretado nada, salvo pedir a los consumidores que no la compren.
El Gobierno espera que en junio termine el ajuste y augura un crecimiento de entre el 0,5 y el 1 % este año. En cambio, consultoras privadas y el Fondo Monetario Internacional calculan que, si bien las medidas de Macri son alentadoras, el 2016 cerrará con una retracción del PIB.
Incertidumbre por la falta de datos estadísticos
La incertidumbre se agudiza porque el instituto de estadísticas no da cifras. La excusa del Gobierno para el apagón de datos es que el anterior Ejecutivo tenía intervenido el organismo y manipulaba la información, o sea, que hay que empezar de cero.
La falta de estadísticas dificulta las negociaciones salariales. Los gremios exigen aumentos superiores al 30 %, pero el Gobierno no aceptará esas peticiones. Macri confía en tener este año una inflación de entre el 20 y el 25 % y, así, en la provincia de Buenos Aires, la negociación con los maestros alcanzó ese techo, aunque el Gobierno ofreció el 23 %. Los sindicatos, por supuesto, lo rechazaron y seguirán negociando: quieren un 40 %.
El sindicalista metalúrgico Antonio Caló advirtió de que el nuevo Gobierno benefició a empresarios y financieros, pero a los trabajadores, que están viviendo, según dijo, una «situación turbulenta», les debe aún alguna «caricia». Lo más esperado es la promesa de reducir o eliminar el impuesto sobre la renta que pagan hoy los salarios más altos.