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El Consejo de Europa recela de la financiación de los partidos políticos en España

El organismo exige vigilancia sobre las fundaciones para evitar que canalicen donaciones fraudulentas 

Bruselas / Corresponsal, 09 de febrero de 2016. Actualizado a las 12:37 h. 4

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La corrupción, la gran tarea pendiente de España, vuelve a poner al país en el foco de atención de los organismos internacionales. En esta ocasión ha sido el Consejo de Europa el que ha lanzado un nuevo aviso al Gobierno. 

En su último informe sobre la penalización de la corrupción y la transparencia en la financiación de partidos políticos en España, la organización eleva sus  «dudas»  sobre las garantías de plena transparencia que ofrece la Ley de Financiación de Partidos (en vigor desde el pasado año). 

¿Por qué ese recelo? El Ejecutivo del Partido Popular, todavía noqueado por las revelaciones del caso Bárcenas y desbordado por la presión ciudadana, puso en marcha la maquinaria legislativa para evitar en el futuro nuevos episodios de sobres circulantes por sus sedes. El resultado, en algunos aspectos, ha sido positivo. «Se han fortalecido los sistemas de auditoría interna de los partidos», reconoce el Consejo de Europa. Si bien los partidos están sometidos por ley a una vigilancia quirúrjica (obligación de publicar sus cuentas, de detallar su financiación, el tamaño de los préstamos, entidades prestamistas), el organismo europeo pide que el control se ejecute de forma efectiva: «La serie de escándalos en conexión con la financiación irregular de la actividad política que ha sacudido a la sociedad española en los últimos años exige una acción exhaustiva e inmediata (...) Será vital que, de ahora en adelante, las exigencias regulatorias no se conviertan en letra muerta»., advierte el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), responsable del estudio.

Las dudas sobre la calidad de la transparencia se multiplican a la hora de analizar la letra pequeña de la Ley en torno a las fundaciones españolas. El informe apunta a que estas entidades, vinculadas a menudo a formaciones políticas, estarían funcionando como plataformas paralelas desde donde redirigir donaciones a los partidos. ¿Por qué razón? Estos últimos tienen prohibido recibir fondos de particulares o empresas. No así las fundaciones, más esquivas con la normativa. Como muestra, el 40% de ellas no disponen de página web porque, de tenerla, se verían obligadas a reflejar en ellas las donaciones efectuadas a través de ese medio: «Hay que hacer más para consolidar las cuentas de las ramificaciones de los partidos políticos».  Existen dudas sobre la canalización de dinero interesado a fundaciones y asociaciones políticas», admite el informe en el que se solicita revisar las normas aplicables a las sociedades «para que no sean utilizadas como canales para bordear las normas de financiación de partidos». 

A pesar del recelo latente en el informe, el Greco también reconoce los esfuerzos de España por introducir «sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias» a quienes se financian de forma fraudulenta y celebra la adopción de medidas para regular los préstamos bancarios, «fuente importante de preocupación para el país» por la situación de vulnerabilidad de los partidos políticos endeudados.  

Tráfico de influencias

Otras de las fallas que encuentra el Consejo de Europa en la legislación española se encuentran en la penalización efectiva en casos de sobornos a jurados y árbitros extranjeros, la «corrupción pasiva» en el sector privado (solicitar, recibir o aceptar la «promesa» de una ventaja), y el tráfico de influencias de funcionarios públicos internacionales. 

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