El CNI trata de abortar en los tribunales el nacimiento de células yihadistas
INTERNACIONAL
Logra victorias judiciales a costa de revelar información sensible y cercenar derechos
23 nov 2015 . Actualizado a las 09:33 h.La lucha contra el islamismo radical y contra el germen del yihadismo en España también se libra en los tribunales y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está en primera línea. Los servicios secretos han cosechado durante este año importantes victorias procesales que son claves para evitar que en el país se asienten influyentes personajes salafistas, potencialmente peligrosos para la seguridad nacional y a los que se acusaba incluso de ser precursores de posibles grupos violentos.
Sin embargo, la sensación en «la Casa» es agridulce. Conseguir que esos radicales integristas no logren la nacionalidad española, que sean expulsados o que se les deniegue el asilo ha supuesto en muchos casos revelar ante el Supremo, y por tanto a la opinión pública y a los propios sospechosos, investigaciones confidenciales sobre las redes que operan en España.
El CNI, o la Abogacía del Estado, representante legal de los servicios secretos, ha ganado este año todos los pleitos contra integristas en los que ha tomado parte. Singularmente, cuenta como victorias los cuatro procesos ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, contra los que no cabe recurso. Cuatro victorias judiciales en marzo, mayo, septiembre y octubre que, explican fuentes cercanas a los servicios de seguridad, han servido, al menos, para descabezar o debilitar varias comunidades radicales en la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña. Cien por cien de efectividad, cuando en los últimos años apenas llegaba al 50%.
¿Qué ha cambiado entonces? El CNI «ha tenido que pasar por el aro» de la doctrina del Supremo, explican en medios jurídicos y de la Abogacía del Estado. El alto tribunal está dispuesto a privar a ciudadanos sospechosos de actividades salafistas, no ya yihadistas, de derechos básicos como el de acceder a la nacionalidad española aun cumpliendo los requisitos legales. El Supremo no ve problema en cercenar esos derechos sin que medie una sentencia judicial. Pero, eso sí, quiere pruebas convincentes de las sospechas. A los jueces, en síntesis, no les sirven los informes estereotipados, generalistas y muy breves que solía enviar el CNI para reclamar expulsiones de sospechosos.
Información quemada
Así las cosas, las victorias en los tribunales, lamentan en los servicios secretos, han «costado caras», al menos en lo referido a la información quemada. La senda para este «amargo éxito judicial» se abrió en marzo. El Supremo confirmó la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad de expulsar de España a un marroquí, acusado de ser espía de «un servicio extranjero» y de ser un agitador salafista en Cataluña. Para que el alto tribunal diera la razón al Ministerio del Interior, el CNI se vio obligado a hacer públicas sus investigaciones en las que se desvelaba que este magrebí tenía «una red de colaboradores y confidentes distribuidos por las cuatro provincias catalanas» y que aparecía como el principal impulsor de la «construcción en Cataluña de un centro de referencia salafista a nivel europeo».
En mayo, las investigaciones de los servicios secretos consiguieron de nuevo que el Supremo diera la razón a la decisión de la Audiencia Nacional de denegar la nacionalidad española a un líder de una comunidad islámica de Murcia. El alto tribunal amparó al CNI cuando «la Casa» reveló que sus indagaciones vinculaban al individuo con el movimiento Tabligh al Dawa, uno de los más extremistas en el islam. Ese dato, señalan fuentes de la seguridad del Estado, echó por tierra parte de las investigaciones abiertas sobre extremistas en el sureste de la península.
La Abogacía del Estado también ganó el pasado septiembre la lucha judicial para impedir que un marroquí residente en Cartagena obtuviera la ciudadanía. El Supremo aceptó privarle de ese derecho, a pesar de que el extranjero vivía legalmente en España desde 1995 y tenía arraigo, al dar por bueno el informe del CNI que descubría que este imán estaba «vinculado» a una secta que pretende introducir la sharia en Marruecos.
La última victoria de los servicios secretos, en octubre, fue conseguir que el Contencioso confirmara la expulsión y la prohibición de entrar a España por diez años de un marroquí residente en Cataluña que se dedicaba a la «expansión de tesis radicales» de corte salafista.