Un 84 % de los franceses, dispuestos a reducir sus derechos mientras diputados de izquierda plantean dudas sobre las medidas de Hollande
18 nov 2015 . Actualizado a las 17:30 h.«La seguridad es una exigencia, pero no a cualquier precio». Así finalizaba el editorial del periódico Le Monde de ayer, recogiendo una idea que empieza a fluir tras el anuncio de medidas excepcionales efectuado por el presidente de la república François Hollande. La idea no es exclusiva del rotativo francés. Varios diputados a la izquierda del Partido Socialista, incluso algunos de la propia formación que sostiene al presidente, han mostrado sus suspicacias por las medidas excepcionales, incluida una reforma constitucional. En ese sentido, Le Figaro citaba ayer al diputado socialista de origen iraní Pouria Amirshahi: «Tres meses con el estado de emergencia es demasiado tiempo. Y no se puede cambiar la Constitución bajo la influencia de la emoción».
El diputado del ala izquierda del PS, Christian Paul, se manifestó en términos similares: «Hay que buscar la eficacia del Estado, pero sin comprometer nuestros principios». Otros políticos de la coalición Europa-Ecología o del Partido Comunista también se pronunciaron mostrando sus reservas por los cambios anunciados por Hollande, anticipando un debate que probablemente irá creciendo en los próximos días, toda vez que las medidas anunciadas por el presidente han acallado tanto a la derecha moderada, como al Frente Nacional de Marie Le Pen.
Apoyo popular
En cualquier caso, la ciudadanía parece no compartir esas dudas. Un 84% de los franceses estarían dispuestos a renunciar a parte de sus libertades a cambio de mayor seguridad, según una encuesta elaborada para la RTL. Ese mismo sondeo reflejaba que el 98% de los casi mil encuestados consideraban elevado el riesgo de que se produzcan nuevos atentados terroristas.
«Ante este tipo de ataques el derecho ordinario no sirve, porque no es capaz de dar una respuesta adecuada -reflexiona la profesora de Derecho Constitucional de la UDC, Ana Aba-. Eso es lo que plantea Hollande, intervenir con mayor fuerza y menos control judicial. Lo normal es que la sociedad lo acepte como algo necesario».
Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional, entiende que las medidas propuestas por Hollande no se pueden interpretar con un prisma anticuado: «Este empoderamiento extraordinario no debe verse como hace 70 años, porque no es igual parar una huelga que combatir a un enemigo que está escondido. Y, además, se trata de democracias avanzadas con un gran control parlamentario y mediático». El profesor apunta sin embargo que las medidas adoptadas en Francia, en España hubieran sido más difíciles de tomar: «Porque para que sean efectivas hace falta un alto nivel de consenso que en nuestro país es más difícil de conseguir».
La catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, Yolanda Gómez, consideró también adecuado el anunciado cambio constitucional en Francia: «Es muy fácil decir que no se debe modificar la legislación a golpe de terrorismo, pero los hechos y peligros a los que nos enfrentamos son de una intensidad no conocida. Por eso, siempre será mucho mejor efectuar reformas jurídicas que simplemente dar más atribuciones al poder ejecutivo».
No habría cambio constitucional
La reforma constitucional anunciada en Francia no sería necesaria en España. Según Yolanda Gómez, catedrática de la UNED y Roberto Blanco Valdés, catedrático en la USC, la Constitución española ya contempla estas situaciones en su artículo 55, donde se recoge la suspensión de libertades y derechos ante el estado de emergencia, excepción o sitio. Los expertos apuntan que este artículo es una doble garantía ya que establece qué libertades pueden ser restringidas y en qué situaciones. Las que no figuran en este artículo son, por tanto, inviolables. El estado de emergencia se refiere a catástrofes, el de excepción a alteraciones del orden público y el de sitio a actos de fuerza contra la soberanía nacional.