Haydee Castillo Flores: «Sentimos que estamos volviendo a los tiempos de los Somoza»

Julio A. Fariñas REDACCIÓN / LA VOZ

INTERNACIONAL

CESAR QUIAN

Aunque mejoró la macroeconomía del país, la mayoría no se beneficiaron

14 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Fue una destacada dirigente juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional que a finales de los años noventa acabó con la dictadura somocista en Nicaragua. Como les ocurre a otros muchos de sus compañeros sandinistas, cada uno de los sucesivos Gobiernos de Daniel Ortega le fueron decepcionado más, hasta convertirla en una activista incansable tanto desde la oposición como desde las filas del feminismo y los movimientos sociales nicaragüenses, especialmente en el radio rural. Esta semana pasó por A Coruña camino de Bruselas, donde participaba como observadora en la cumbre de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac).

-En su última visita a Galicia, hace casi cuatro años, Ortega acababa de ser reelegido presidente de Nicaragua. ¿Que ha cambiado en su país, para bien y para mal, en este período?

-Para mal tenemos el sentimiento y la vivencia de que en Nicaragua ha habido un gran retroceso de lo poco que había de Estado, de institucionalidad y de democracia, logrados en la década de los noventa y en los primeros años de la siguiente.

-¿En qué se concreta eso?

-Sobre todo en el marco jurídico de protección a las mujeres. Sentimos que la pareja presidencial [Ortega y su mujer, Rosario Murillo] y el partido en el Gobierno han logrado desmontar todos los logros que habíamos conseguido las mujeres en derechos, que no fueron un regalo de los Ejecutivos liberales, sino una conquista del movimiento de mujeres y el feminista. Desde el Gobierno se está tratando de imponer un nuevo modelo de familia.

-¿Cuál?

-La pareja presidencial se empeña en que las mujeres nos sacrifiquemos, a costa de mantener una unidad familiar que muchas veces es ficticia y que en algunos casos ha llevado al feminicidio. Ahora, por decreto, una mujer en mi país no puede acudir a presentar una denuncia a las comisarías de la mujer, dentro de la policía nacional, creadas después de la guerra; ahora hay que a acudir a los Consejos del Poder Ciudadano, unas estructuras parapartidarias, creadas por la pareja presidencial y que forman parte del entramado institucional y del Estado.

-¿Y a nivel general?

-Sentimos que ha habido un desmontaje jurídico-institucional para facilitar el gobernar a través de decretos, para favorecer la reelección del caudillo, en este caso Daniel Ortega, y, sobre todo, lo que más sentimos es que estamos volviendo a los tiempos de Somoza. Entonces era la familia Somoza la que gobernaba, ahora ya no se habla del Frente Sandinista ni del Partido Sandinista, del que yo fui parte, sino que se habla de la familia Ortega-Murillo con sus hijos, que son quienes gobiernan.

-Pero lo siguen reeligiendo...

-Una de las primeras reformas que se hizo en mi país después de derrocar la dictadura fue aprobar la Constitución, según la cual nadie podría ser reelegido, ni los alcaldes ni el presidente. Eso lo cambió por decreto, con la connivencia del Tribunal Supremo de Justicia. También acabó con el laicismo del Estado, que ya se había conquistado con la revolución liberal de José Santos Zelaya a comienzos del pasado siglo. La actual Constitución dice [se le añadió por decreto] que los nicaragüenses somos cristianos, socialistas y solidarios. La primera dama lanza un discurso diario a las doce del mediodía, a la hora del ángelus.

-¿No ha habido nada positivo en estos cuatro años?

-Es verdad que ha mejorado la macroeconomía. Es verdad que Nicaragua es uno los países mejor calificados por el FMI y por el Banco Mundial. Tenemos una moneda estable, exportaciones crecientes, relativa estabilidad para la inversión, etcétera. Pero yo vivo en una zona rural, al norte de Nicaragua, en contacto permanente con el campesinado y con las mujeres indígenas, y veo que allí falta empleo. Mucha gente se alimenta a base de sopa Maggi, unos fideos que crecen mucho al echarlos en el agua, porque es lo que permite que toda la familia tome algo con un poco de sabor. De esa macroeconomía solo se benefician las grandes corporaciones, el gran capital, porque todos sabemos muy bien que crecimiento no es igual a distribución y mucho menos a desarrollo o justicia social.

-¿Pero no es un Gobierno que se dice socialista?

-El modelo económico que sigue impulsando el Gobierno actual es exactamente el mismo que el de los Gobiernos liberales de doña Violeta, el de Arnaldo Alemán, el de Bolaños, con la única diferencia de que los Gobiernos sandinistas reparten algunas migajas a los pobres. Esto a nosotros también nos preocupa, porque van creando una cultura de la mendicidad en la gente, en vez de enseñarle a desarrollar su propia autonomía económica. Lo que se está haciendo es crear seres dependientes de esa clase política para tener garantizado un voto en cada elección.

-¿Cómo ha repercutido sobre Nicaragua la generosa cooperación de Venezuela?

-Para lo que ha servido fue para enriquecer a la familia presidencial y para crear una nueva oligarquía en torno a ellos. Las exportaciones de productos alimenticios de Nicaragua a Venezuela han crecido más de un 4.000 % desde el año 2007, pero todo ese negocio esta copado por la familia presidencial y sus allegados.

El cuento chino del canal interoceánico

Uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos, no solo en Nicaragua sino en toda la región, es el proyecto de construcción de un canal de navegación interoceánico. Con un presupuesto inicial de 50.000 millones de dólares, fue adjudicado a un empresario individual chino -no al Gobierno de Pekín- llamado Wang Yung, y casi nadie cree que pueda hacerse realidad algún día, sino que más bien suena a cuento chino. 

Lo único concreto de ese proyecto es la aprobación de la Ley 840, con la que, según Haydee Castillo, «culmina todo ese desmontaje jurídico del Estado nicaragüense» y contra la que ella misma, como simple ciudadana, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo por considerar que supone una «venta descarada del país» y porque «hace posible que Daniel Ortega y el grupo con el que gobierna entreguen la soberanía, ese concepto del que tanto alardea la izquierda, a Wang Yung y toda su camarilla». Explica la recurrente que «lo peor de esa ley es que dice que el Estado, en vez de regular a la empresa china, va a poner enteramente a su servicio todos sus recursos, fuerzas de seguridad incluidas».