La ley francesa de recogida de información recibe críticas a pesar de su amplio apoyo político
26 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La ley de recogida de información -medida estrella del Gobierno de Manuel Valls para luchar contra el terrorismo- ha sido durante las últimas semanas un extraño elemento de consenso político en Francia. El proyecto, que va a legalizar las prácticas ocultas de sus servicios secretos para que puedan trabajar en la lucha antiterrorista sin control judicial y bajo una simple autorización administrativa, tiene visos de ser aprobado por una amplia mayoría. Sin embargo, cada vez hay más voces de la sociedad civil que se pronuncian en contra al creer que la ley atenta contra las libertades más básicas.
Es raro que el primer ministro se persone en la Asamblea Nacional para presentar una ley. Pero Manuel Valls lo hizo la semana pasada, ante los diputados, para demostrar la importancia de este proyecto. Un texto que él no dudó en calificar de «valiente y equilibrado», con un objetivo principal: «proteger las libertades contra nuevas formas de amenaza terrorista».
Lo cierto es que el primer ministro no tenía necesidad de hacer una presentación tan solemne, ya que la ley parece haberse convertido en un símbolo de la «unión republicana»: el centro-derecha de Sarkozy apoya en bloque este proyecto socialista y las únicas voces disidentes vienen de los extremos izquierdo y derecho del hemiciclo.
No obstante, el aparente consenso puede tener sus grietas precisamente en el banco de sus impulsores, los socialistas. La diputada Amirshani avisó contra «posibles abusos de poder» y su colega Christian Paul no ha dudado en asegurar que «el debate está viciado por los últimos sucesos». Una queja ya recurrente por parte de los críticos, que acusan a Valls de dar bandazos según lo que dicta la opinión pública.
«Seguridad de derechas»
A Pierre Tartakowsky, presidente de Liga por los Derechos Humanos, le resulta «inquietante» que un Gobierno de izquierdas «esté tan cerca de los argumentos de seguridad de la derecha». Además, desde hace una semana y hasta la fecha se han recogido más de 110.000 firmas por una petición ciudadana contra la ley. Los críticos consideran que el hecho de que la policía no vaya a tener que solicitar mandamiento judicial para realizar con toda legalidad misiones de vigilancia e infiltración puede vulnerar el derecho a la privacidad. Los más alarmistas ven en esta ley un remedo de la famosa Patriot Act americana, legislación de excepción que permitió detenciones y escuchas ilegales tras los atentados del 11 de septiembre.
Para evitar posibles malas prácticas, el Gobierno de Valls prevé la creación de una unidad administrativa independiente que controle las acciones de los servicios de inteligencia. Además, los ciudadanos podrán reclamar ante esta entidad si se creen vigilados y conseguir la destrucción de unos datos que, en cualquier caso, no se podrán conservar más de 12 meses.