Los republicanos moderados se imponen al Tea Party y votarán a favor del presupuesto de Seguridad Nacional
04 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Después de semanas de discusiones, votaciones y amenazas de dejar al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sin fondos, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, anunció ayer que aprobarán el presupuesto completo. Detrás del recorte de una parte de los fondos estaba el intento de evitar la aplicación de las órdenes ejecutivas sobre inmigración que Barack Obama aprobó en noviembre al margen del Congreso. Contra esa medida, defendida por el Tea Party, estaban la Casa Blanca, los demócratas y los republicanos moderados que finalmente se han impuesto.
«Estoy igual de frustrado e indignado con las decisiones ilegales e inconstitucionales de este presidente -dijo ayer Boehner a sus compañeros de bancada-, pero dejar a la DHS sin presupuesto no es una opción».
El problema con la ley que apoyaba el Tea Party es que podía provocar que el departamento que se ocupa de la inmigración, pero también de otras cuestiones como la lucha contra el terrorismo, se quedase sin fondos. Y la última vez que los republicanos dejaron al Gobierno sin dinero la opinión pública se puso claramente en contra de ellos.
La semana pasada, unas horas antes de que se acabara el presupuesto de la agencia, los miembros del Tea Party ya forzaron a su partido a una decisión polémica cuando después de que Boehner había anunciado que extenderían el presupuesto tres semanas para poder negociar, los ultraconservadores obligaron a rebajar esa extensión a solo una semana. Una semana que finaliza a medianoche de este viernes.
Los republicanos moderados, por el contrario, eran partidarios de aprobar el presupuesto completo de Seguridad Nacional y dejar que sean los tribunales lo que decidan si las normas aprobadas por Obama sobre inmigración son o no constitucionales.
Unas normas que, por el momento, están suspendidas por orden del juez Andrew Hanen. Este juez de Texas decretó la suspensión de las órdenes ejecutivas mientras su tribunal estudia la denuncia presentada por veintiséis estados, uno de ellos gobernado por un demócrata, sobre la inconstitucionalidad de la medida aprobada por Obama. El Gobierno estadounidense recurrió esa suspensión ante un tribunal que decidirá en los próximos días si las normas de inmigración que afectan a entre cuatro y cinco millones de personas comienzan o no aplicarse.