La muerte del fiscal que acusó a Cristina Fernández de encubrir a los autores del atentado contra la AMIA agranda el foso entre los ciudadanos y el Gobierno
25 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Uno de los colaboradores más cercanos de Cristina Fernández se dio demasiada prisa en ofrecer una explicación de la muerte de Alberto Nisman a su jefa, casi antes de que la fiscal que la investiga llegara a la escena del crimen. Un suicidio, sentenció. Y la presidenta no tardó en escribirlo en Facebook, añadiendo que era inducido. Esto no hizo sino enardecer a los argentinos, a quienes la noticia de la imputación de la presidenta por encubrimiento ya tenía indignados, y los alejó aún más de su Gobierno: un 70 % no se creyeron las primeras explicaciones del núcleo más próximo a Fernández.
El 12 de enero, el fiscal interrumpe unas vacaciones que tenía previsto prolongar hasta fin de mes. Quién o qué le hizo tomar esta súbita decisión constituye una de las incógnitas que podría esclarecer si su muerte fue un suicidio o un asesinato. Dos días después, presenta una denuncia argumentada en 300 páginas en la que acusa a la presidenta y a su ministro de Exteriores de encubrir a los iraníes sospechosos de organizar el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, el más sangriento en la historia del país, que se cobró 85 muertos y 300 heridos. La presidenta llevaba desde el 2011 sin asistir a las conmemoraciones.
La Justicia, otra vez
La acusación por encubrimiento constituye un episodio más que pone de manifiesto el divorcio entre el poder ejecutivo y el judicial, desde que la Justicia empezó investigar el enriquecimiento de Néstor Kirchner y después el de su mujer. Jueces sancionados, presiones y denuncias a los fiscales y un encontronazo con la oposición, que logró frenar la designación de 16 fiscales hace tres semanas al amparo del nuevo Código Penal son otras señales.
La sociedad argentina acusó la noticia y la sumó a la larga lista de motivos para sentirse indignada con el Gobierno: muchos salieron ese día a la calle en demanda de justicia. Desde el 14 de enero, la mandataria no se dejó ver en público. El fiscal es citado por una comisión del Congreso para que explique su denuncia y deberá comparecer el lunes 19.
La víspera la pasa preparando su comparecencia en su piso de la torre Le Parc, un edificio protegido por grandes medidas de seguridad. Al final del día, ya lunes en España, el periodista del Buenos Aires Herald Damián Pachter tuitea la noticia.
Uno de los diez policías que escoltan lo llama insistentemente y no obtiene respuesta, por lo que se pone en contacto con la madre del fiscal para acceder a la vivienda. Como no pueden abrir las puertas, llaman a un cerrajero.
La diputada opositora Patricia Bulrich pidió la comparecencia en el Congreso de Sergio Berni, secretario de Seguridad, para que explique por qué es el primero en entrar en el piso. No espera a que lleguen el forense ni el fiscal y descubre el cadáver en el baño, atrancando la puerta y con una bala en la sien. Se apresura a difundir que se trata de un suicidio: una puerta que se abre con clave electrónica y otra cerrada por dentro, la pistola junto al cadáver... Así lo sostiene Cristina Fernández y la cúpula del Gobierno.
Pero pronto surgen las dudas: ¿por qué iba a quitarse la vida un hombre que se halla seguro de sí mismo acerca de lo que le espera al día siguiente, quizá el asunto más importante de toda su carrera? Una foto enviada a uno de los dirigentes de la AMIA y un mensaje distribuido entre sus amigos más cercanos sobre la importante cita indican lo contrario. Las pruebas periciales no hayan pólvora en su mano y el cerrajero dice que la segunda puerta era fácil de abrir. La investigación descubre un pasadizo con una portezuela de acceso a la vivienda, y en él una huella dactilar y una pisada reciente. Ninguno de los testigos citados por la fiscal, colaboradores, su madre, la exmujer... apuntan a una causa psicológica que avale la tesis del suicidio.
El testigo clave es el colaborador informático Diego Lagomarsino, que le llevó la pistola el sábado y que tuvo que desmentir algunas versiones que lo vinculan con agentes de Inteligencia. La fiscal le prohibió a Lagomarsino abandonar Buenos Aires.
Los intentos de parecer transparente descalificando la denuncia de Nisman se vuelven contra ella: las escuchas en las que se basa el fiscal son recogidas por la prensa argentina, que sitúan a un dirigente kirchnerista, Luis D?Elía, en estrecho contacto con Jorge Yussuf Khalil, al que el fiscal señalaba como «nexo» entre la Casa Rosada y los iraníes.
Giro en la posición oficial
El jueves, cuando las pruebas hacen cada vez más difícil creer que el fiscal muriera sin intervención de una tercera persona la presidenta lanza un carga de profundidad que coge desprevenido al kirchnerismo. «No tengo pruebas, pero estoy segura de que no fue un suicidio». Volvió a hablar a través de Facebook y, para alejar la sospecha de un crimen de Estado, añadió que «lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto». El descrédito de Cristina Fernández aumentó.
El entorno de la presidenta se empeña en una campaña contra los Servicios de Inteligencia (SI). La denuncia de Nisman es una «burrada» impropia del fiscal, según el jefe de Presidencia, Aníbal Fernández. Su escrito es «endeble», porque las supuestas pruebas contra el Gobierno han sido inducidas por el exjefe del SI Jaime Stiusso, en venganza por su destitución un mes antes. No hay cortapisas para hablar de una «doble» red de espías a la que se apunta como responsable.
Cualquiera que sea el resultado de lo que la fiscal sigue llamando muerte dudosa supone un duro revés a las aspiraciones de Cristina Fernández de encumbrar a alguno de sus pupilos en las elecciones de octubre. Todo lo ocurrido en la última semana consolida la quiebra de la confianza de la sociedad en su Gobierno y en las instituciones, y menoscaba la credibilidad de Argentina en el extranjero; es un exponente de la crisis social argentina y del declive del kirchnerismo.