La Justicia argentina investiga el patrimonio de Cristina Fernández

Marcela Valente BUENOS AIRES / COLPISA

INTERNACIONAL

Registran oficinas de una compañía hotelera de la presidenta por vínculos con un empresario al que la oposición acusa de mediar para lavar dinero

22 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

En el último año del Gobierno de Cristina Fernández, la Justicia argentina ha comenzado a profundizar en los vínculos de la presidenta con el empresario Lázaro Báez, amigo de su esposo -el fallecido Néstor Kirchner- y beneficiario de millonarias contrataciones para obras públicas. Según denuncias de la oposición, la mandataria y su marido apelaban a Báez presuntamente para lavar dinero obtenido de manera ilegal.

En el marco de esa pesquisa, el juez federal Claudio Bonadío irrumpió el jueves en las oficinas de Hotesur, administradora del hotel Alto Calafate, una empresa en la que la jefa de Estado es principal accionista. El hotel es uno de los más lujosos de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, de donde era oriundo Kirchner. Bonadío investiga una denuncia por presunta falta de control en los registros de la firma, realizada por la diputada opositora Margarita Stolbizer.

Investigaciones periodísticas revelaron en el 2013 que Hotesur tenía acuerdos con empresas vinculadas a Báez mediante los que la presidenta se aseguraba el pago de las habitaciones por todo el año, sean o no ocupadas. Los pactos le garantizaron a Fernández más de 1,2 millones de euros entre el 2010 y el 2011, que constan en su declaración. Se trata de un negocio insólito ya que el hotel está casi siempre vacío.

Stolbizer sospecha que la maniobra gestionada por Báez apuntaba a justificar ingresos de los Kirchner. Pero pidió al juez que investigue si hubo «abuso de poder» o «incumplimiento de deberes de funcionario público», no lavado de dinero. El juez registró las oficinas de Hotesur y encontró el local vacío. A su vez, ordenó obtener datos de la compañía.

«Golpismo activo»

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró ayer que el operativo judicial fue un acto de «golpismo activo» del Poder Judicial, al que acusó de «perseguir y hostigar» a funcionarios. Stolbizer, por su parte, sostiene que la firma incumplió los plazos de presentación de balances y que, pese a eso, no era multada.

Esta semana, en otra pesquisa, dos legisladores de la oposición presentaron a los tribunales copias de dos fallos de la Justicia suiza en las que se pide el bloqueo de fondos de una fundación de Báez y sus hijos por 17,7 millones de euros. En el país helvético sospechan que esos activos podrían ocultar maniobras de lavado de dinero del empresario, que tiene vínculos comerciales con Cristina Fernández.

La presidenta viajó ayer a la villa turística de El Calafate para descansar antes de su reaparición pública del martes después de tres semanas de reposo por una afección en el colon. Vestida informal se dejó fotografiar con vecinos y militantes.