El número de cadáveres localizado asciende a 28. Los cuerpos están calcinados y algunos de ellos presentan mutilaciones
06 oct 2014 . Actualizado a las 08:00 h.El número de cadáveres localizados en las últimas horas en varias fosas comunes en la localidad mexicana de Iguala ha ascendido a 28, según ha informado el diario mexicano El Universal. Los cadáveres están calcinados y algunos de ellos presentan mutilaciones.
Estos cuerpos podrían pertenecer a los 43 estudiantes desaparecidos desde hace una semana tras la matanza de activistas estudiantiles por parte de policías y pistoleros.
Sin embargo, el fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, ha evitado pronunciarse sobre este extremo, si bien ha subrayado que intentará tener la «absoluta certeza» de las identidades de los asesinados a través de los resultados periciales.
Asimismo, ha detallado que las fosas fueron localizadas gracias a las declaraciones de más de 30 detenidos, entre ellos 22 policías municipales y varios presuntos miembros del grupo «Guerreros Unidos».
Blanco Cabrera ha asegurado además que el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, se encuentra prófugo, y que sobre él pesa una orden de detención.
Por último, ha desvelado que las investigaciones apuntan a que varios policías y jefes del grupo «Guerreros Unidos» participaron en los ataques registrados el pasado fin de semana contra varios vehículos y autobuses en Iguala, incidentes en los que murieron seis personas, entre ellos tres estudiantes.
La policía se alió con las mafias
La fiscalía mexicana aseguró que estos crímenes son parte de una oscura acción de la policía, a la que acusó de aliarse con un grupo criminal para eliminar a los estudiantes. Iñaky Blanco, titular de la Procuraduría (fiscalía) General de Justicia del Estado de Guerrero, donde se encuentra Iguala, desveló la trama pergeñada por los uniformados en connivencia con la organización mafiosa Guerreros Unidos.
La denuncia, realizada en una rueda de prensa desde el balneario guerrerense de Acapulco, se basó en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público desde los sucesos sangrientos del pasado fin de semana, cuando varias acciones represivas de la policía local terminaron con seis muertos a tiros.
Entre las víctimas hubo dos personas que viajaban en el autobús de un equipo de fútbol juvenil y una mujer. Ninguno de los tres tenía nada que ver con el conflicto.
Según Blanco, para rehacer el rompecabezas fue decisivo el testimonio de los 22 agentes de seguridad pública de Iguala detenidos tras los incidentes, que declararon «conscientes, orientados en tiempo y lugar y persona», y «sin lesiones externas recientes».
Sus armas «todas fueron disparadas recientemente» y «se estableció correspondencia» entre las municiones halladas en el lugar de las muertes y las de los uniformados, que además dieron positivo en las pruebas de radizonato de sodio (que permiten saber si han disparado por los restos que queda en la piel de la mano). Por ello, el fiscal anunció que se ha dictado formal prisión contra ellos.
Pero esa parece solo la punta del iceberg de una intriga en la que podría estar involucrado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su secretario de seguridad pública, Felipe Flores, ambos en paradero desconocido desde los sucesos violentos.
El primero tiene que responder a una orden de «presentación» y Blanco ya ha anunciado que la fiscalía presentará ante el Congreso de Guerrero un «juicio de procedencia» a efecto de que «se le retire el fuero constitucional que le protege».
Contra el segundo, señalado por la fiscalía como uno de los mandos que instruyó la detención de los estudiantes desaparecidos, hay una orden de captura.