Capitanich denunció que «el mundo no puede estar bajo la espada de Damocles de grupos minúsculos oligárquicos» que «conspiran contra la estabilidad del sistema económico y financiero internacional»
05 ago 2014 . Actualizado a las 19:08 h.Después de que Argentina no llegara a un acuerdo con los fondos buitre, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha decidido empezar toda una guerra verbal en la que cualquier descalificativo posible es poco para situar a los especuladores como los verdaderos malos de este cuento.
Con esta estrategia, el Gobierno argentino ha reclamado este martes medidas para luchar contra el «anarcocapitalismo», que pone al mundo bajo la «espada de Damocles» de «grupos minúsculos», como los fondos buitre, por lo que cree que hay instancias de apelación en el Tribunal de la Haya para desbloquear el conflicto de la deuda: «Nos parece que el mundo no puede estar en la existencia de un anarcocapitalismo», aseguraba el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, quien además añadía: «El mundo no puede estar con la espada de Damocles de grupos minúsculos oligárquicos» que «conspiran contra la estabilidad del sistema económico y financiero internacional» y vulneran «la condición de un país soberano» con un «nivel de usura inaceptable».
El Gobierno argentino que encabeza la presidenta Cristina Fernández estudia recurrir al Tribunal Internacional de La Haya para poder desbloquear los pagos a los tenedores de bonos reestructurados, que permanecen en Estados Unidos completamente paralizados tras la sentencia del juez Thomas Griesa, favorable al 1 % de los acreedores que denunciaron a Argentina para cobrar el importe íntegro de la deuda.
«Frente a una controversia de carácter internacional que implica una disputa entre estados, obviamente hay instancias de carácter internacional que puedan ser utilizadas para la resolución», apuntó el jefe de Gabinete quien explicaba que, a su juicio, el sistema económico internacional «está reclamando la cobertura de un vacío jurídico y legal» respecto a la aplicación de una regla «de las mayorías» en los «procesos de reestructuración de deuda de países soberanos».
Básicamente, Capitanich quiso pedir unas medidas que actúen como «desincentivos» para los fondos buitre que se aprovechan de «un sistema judicial perverso», que «está absolutamente corrompido por la incidencia de este tipo de intereses».
Además, explicó que Argentina puede recurrir a mecanismos como el «método de opinión consultiva» o el proceso de «introducción a instancias con o sin medida cautelar» que ofrece el Tribunal Internacional de La Haya.
Sin embargo, el abogado argentino y exfiscal en la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo advirtió el lunes que no hay posibilidades de que esa vía judicial prospere.
Tampoco están de acuerdo con el mediador
Capitanich criticó también la decisión del juez estadounidense de ratificar al mediador, Daniel Pollack, y le acusó de «mala comprensión, por un lado, incapacidad manifiesta por el otro, clara parcialidad respecto a la posición de los fondos buitre y marcada incompetencia para resolver un problema».
Para el funcionario argentino ratificar al mediador supone insistir en «la misma posición por parte del juez», quien «no entiende adecuadamente las dificultades de este proceso».
«Es tan simple la solución de esta cuestión que precisamente llama la atención de por qué no se instrumenta», señaló, respecto a la reclamación del Ejecutivo argentino para que la Justicia estadounidense adopte una medida cautelar que permita el pago a los tenedores de títulos que aceptaron los canjes del 2005 y del 2010.
Las agencias calificadoras de riesgo internacionales han declarado al país en suspensión de pagos, pero el Gobierno argentino niega la situación de impago, sostiene que ha cumplido sus obligaciones financieras y responsabiliza a la Justicia estadounidense de congelar los fondos destinados a los acreedores de deuda reestructurada (92,4 % del total).