El Gobierno de Cristina Fernández tiene de plazo hasta hoy para llegar a un acuerdo con los que ella llama fondos buitre
30 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.A Argentina se le acaba el tiempo. Tiene de plazo hasta hoy para llegar a un acuerdo con los acreedores que exigen cobrar toda la deuda que dejaron de pagarles en el 2002, después de que se negaran a pasar por el aro de una quita del 65,6 %. Esos a los que la presidenta Cristina Fernández y casi todos en el país han dado en llamar «fondos buitre». Los mismos que decidieron llevar al Estado austral ante la Justicia para reclamar lo suyo (1.500 millones de dólares) y a los que un juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, les ha dado la razón. Si no cumple con ellos, no puede cumplir con nadie, es lo que ha dictado el magistrado.
Y ahora, Argentina se encuentra en un callejón de difícil salida. Con un pie en la que sería su segunda quiebra en 12 años.
En el 2002, protagonizó la mayor de la historia. Tenía que pagar 82.000 millones de dólares. (61.000 millones de euros). Y no tenía dinero para tanto. Les dijo a sus acreedores que tendrían que renunciar al 65,6 % de su inversión si querían volver a ver algo de lo invertido en bonos argentinos. Tan negro les pintaron el panorama -lo era, ciertamente- que el 92,3 % de ellos aceptaron las lentejas que les sirvió el Gobierno argentino. Pero el resto, no tragó con ellas. Los primeros son los «bonistas de buena fe», como suele referirse a ellos la presidenta, los segundos, unos buitres. El problema al que se enfrentan las arcas del país no reside en los 1.500 millones de dólares que les reclaman esos malvados. El problema es que para convencer a los buenos, el Gobierno argentino les prometió que no habría nadie en el mundo que fuera a lograr mejores condiciones que ellos. Y en la bandeja se les puso la llamada cláusula RUFO. Estos es, la garantía de que si, hasta diciembre del 2014 faltaban a su palabra -es decir, concedían mejores condiciones a otros bonistas-, ellos recibirían las mismas.
En resumidas cuentas, que si Cristina Fernández cumple lo que le ordena el juez Griesa, los buenos pueden dejar de serlo y pedir también lo suyo. Buenos, sí, pero tontos...
Y si lo hacen, entonces, sí, el país estará en un gran apuro. Los propios cálculos del Ejecutivo austral hablan de la friolera de 120.000 millones de dólares. Por eso quieren ganar tiempo a toda costa. Si les pagan después de diciembre, ya no habrá peligro de impago, mantienen.