Chavistas armados se ensañan con la oposición con ayuda policial
INTERNACIONAL
La fiscal ordena investigar la brutal agresión, que acabó con siete heridos
05 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, encargó ayer a dos miembros de su equipo que investiguen la brutal agresión cometida por bandas armadas, identificadas con el gobierno, contra estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a los que la Guardia Nacional impedía abandonar el campus mientras eran golpeados con bates de beisbol, tubos y hasta martillos, y amenazados con armas de fuego.
Los venezolanos amanecieron conmocionados por las imágenes captadas por fotógrafos de prensa, tanto local como internacional, de lo ocurrido en la ciudad universitaria de Caracas, donde los llamados «colectivos» hirieron a siete jóvenes estudiantes, y además, desnudaron a varios, agredieron a periodistas, robaron sus equipos a un cámara de El Nacional y a una periodista mexicana.
Varias de las fotografías muestran al líder de los estudiantes chavistas en la UCV, Kevin Ávila, al lado de estos grupos de agresores, y testigos indicaron que participó en las palizas. Sin embargo, este estudiante de Trabajo Social (que ha estado varias veces en alocuciones televisivas al lado del fallecido Hugo Chávez) señaló que solo estaba «mediando» para evitar la violencia, y solicitó a la Fiscalía una investigación. «Si yo no hubiera estado allí, hubiéramos contado 30 muertos, por lo menos», afirmó en la red social Twitter. Ávila acusó a lo que denomina «canalla mediática» de «manchar su imagen».
Luisa Ortega admitió «excesos» en la contención de las protestas contra el gobierno y señaló que se investigan 102 casos de presunta violación de los derechos humanos por este motivo. Según dijo, están detenidos 17 agentes del orden público. Ortega declaró que «todo el que aparezca culpable de un hecho punible será sancionado, no importa cómo se llame o qué represente».
Su actuación y sus palabras no han servido por el momento para rebajar la tensión. Una concentración para exigir la libertad de Leopoldo López, el dirigente del partido Voluntad Popular que se encuentra preso desde el 18 de febrero, fue reprimida también violentamente por la Guardia Nacional, que arrojó a los participantes cientos de bombas lacrimógenas. Al límite del plazo legal para formular la acusación (45 días), la fiscalía imputó a López por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de instigador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Este último, el más grave, establece una pena de diez años y se le ha aplicado a la mayoría de los acusados (67) desde que se iniciaron las protestas en Venezuela a finales de enero.
La coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, señaló que lo ocurrido en la UCV constituye un «nuevo método de represión» con «la fuerza combinada de grupos paramilitares armados confabulados con la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana». Los estudiantes de la UCV y otras universidades anunciaron que las protestas continuarán. «No nos callarán», dijo el presidente de la Federación de Estudiantes, Juan Requesens.