España tilda de «cobarde» y «timorata» la reforma de la política pesquera europea

¿Oportunidad o catástrofe para España la reforma de la política comunitaria de pesca? Carlos Domínguez, secretario general de Pesca, espera que lo primero, y ayer lanzó en Celeiro un mensaje «de optimismo» ante una nueva regulación que, no obstante, calificó de «cobarde» e incluso tildó de «timorata». Argumentó que la Comisión Europea detectó problemas, pero «no se atrevió a ponerle soluciones excepto en aquellos casos que no iban a suponer problemas para la mayor parte de los Estados». Con estos mimbres, el objetivo del Gobierno fue minimizar el impacto «y tratar de obtener beneficios» de la propuesta comunitaria. «Con la prohibición de los descartes se creaba un problema solo para España», afirmó. Y eso pretendía la comisaria de europea de Pesca, aseguró, pues de otra forma no se entiende que Brusela aún no haya hecho públicos los datos de la pesca que se desecha por países. Domínguez resaltó que la reforma propicia un volumen de descartes de mínimos (un 5 % al final del proceso) y permite descontar de las cuotas concedidas hasta un 9 % de las especies que entran en las redes sin que la flota tenga posibilidades reconocidas.

Pero, según Domínguez, lo que se ha aprobado es un mero instrumento jurídico que ahora ha de desarrollarse. Y en ese proceso, España pretende «liderar, no ir a remolque».

Datos fiables y exactos

Lo que está claro es que la única forma de gestionar las pesquerías de ahora en adelante es teniendo claro cuánto pescado habrá. Para eso es básico contar con datos fehacientes, por lo que pidió al sector que apoye el trabajo de los científicos facilitando información correcta que permitan evaluar con la máxima fiabilidad el estado de los recursos, «para que nadie nos calle». También anunció que habrá una certificación propia de la sostenibilidad de los productos pesqueros, que partirá de la premisa de que toda «pesca legal es pesca sostenible». Por eso pidió a los profesionales el cumplimiento «estricto» de las normas».

En las jornadas, la doctora economista Carme García Negro, destacó la importancia que la industria pesquera tiene en Galicia como motor económico, social y cultural. Asegura que la Comisión toma desde hace una década la pesca como «actividade perigosa», a la que solo le importa conservar el recurso pero no su regulación. La investigadora pidió a la Administración «o mesmo mimo» económico que presta a las eléctricas, pues en este sector las subvenciones se dan, dijo, «para deixar de pescar».

También intervino el secretario general de la patronal Cepesca, Javier Garat, que defendió el arrastre como pesquería sostenible, y relató la campaña desarrollada para «frenar el intercambio de cromos» entre ecologistas y Bruselas.

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