El problema en el caso Assange no es que Gran Bretaña pretenda hacer cumplir la ley, el problema es que su sorprendente celo en hacer que se cumpla ha terminado por ser sospechoso. Nada más lógico que el que las autoridades británicas hagan todo lo posible por conducir a Julian Assange a Suecia, donde quieren interrogarle sobre un oscuro asunto (no se le ha acusado formalmente de nada). Pero Londres no están haciendo lo posible sino mucho más, demasiado. Tanto que es difícil no creer a los abogados de Assange cuando dicen que tan pronto como su cliente pise Suecia será extraditado a Estados Unidos. Allí, según ellos, no se respetarían sus derechos ni le esperaría un juicio justo, lo que tampoco parece ya un temor absurdo viendo el modo en que se está tratando a Bradley Manning, el soldado detenido por filtrar los famosos cables diplomáticos a Assange. Que el Gobierno sueco, a día de hoy, siga sin querer comprometerse formalmente a no enviar a Assange a América, y que Washington, extrañamente, no haya presentado todavía cargos contra él (lo que limitaría luego a los jueces) son cosas que no hacen sino acrecentar las sospechas.
El incipiente conflicto diplomático entre el Reino Unido y Ecuador abunda en la misma paradoja. Cuanto más sube Londres el tono de sus amenazas a Quito y su embajada en nombre del respeto a la ley, más daña su credibilidad como país respetuoso de esa misma legalidad internacional. De repente, aparecen expertos oficiales que dicen que la extraterritorialidad no es más que una convención, que la inviolabilidad de una embajada no es absoluta y puede revocarse en casos excepcionales, lo que es más o menos cierto dependiendo de la definición de «excepcional». Pero ese es el argumento que invocan todos los países que vulneran la inmunidad diplomática, y Gran Bretaña, que es uno de los que más ha insistido en el respeto al Convenio de Viena que regula la actividad consular, está proporcionando argumentos que podrían volverse pronto en su contra, incluso si finalmente no asalta la legación ecuatoriana. Se trata de un riesgo político considerable que no se justificaría si todo lo que hubiese en juego fuese el cumplimiento de una simple euro-orden.
Lo que sigue ahora es fácil de imaginar. La presión se trasladará ahora al Gobierno de Ecuador, al que Gran Bretaña y Estados Unidos pueden acosar de muchas maneras diferentes para que suelte a su presa. De momento, Quito ha resistido el embate, y de hecho la concesión de asilo a Assange es una consecuencia directa de las amenazas de Londres de entrar en la embajada a buscarle. Pero la partida, en principio, se presenta larga, y muy difícil para Assange. Obligado a permanecer indefinidamente en el edificio de la legación, su espacio es, literalmente, cada vez más reducido.
