La mitad de esa cuantía será propiedad del Estado y la otra mitad, de las provincias productoras. El proyecto de ley incluirá una declaración «de interés público nacional» sobre los hidrocarburos
17 abr 2012 . Actualizado a las 01:37 h.La presidenta argentina, Cristina Fernández, declaró de utilidad publica y sujeto a expropiación el 51 % del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol. De las acciones expropiadas, el 51 % pasarán a estar bajo control del Estado argentino y el 49 % restante se distribuirán entre las provincias. El proyecto de ley incluirá una declaración «de interés público nacional» para la riqueza de hidrocarburos del territorio de la República Argentina. El texto, con el título de Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, sostiene que «el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos».
Este martes, las provincias petroleras argentinas tenían previsto discutir con Kirchner la nacionalización de YPF. Los gobernadores apoyaban una nacionalización de YPF, pero quieren asegurarse ser socios del Estado, lo que finalmente se ha cumplido.
La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto del proyecto de ley, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a «adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos». El proyecto incluye la «remoción de la totalidad de directores» de la compañía.
La presidenta argentina anunció, además, la intervención de la compañía, que quedará bajo el control del ministro de Planificación, Julio De Vido, en calidad de interventor. El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, se ha presentado ya en la sede corporativa de la petrolera en el barrio de Puerto Madero, de Buenos Aires, para hacer efectiva la intervención de la compañía.
El proyecto incluye la remoción de la totalidad de directores de la compañía
Funcionarios del Gobierno argentino encabezados por el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, tomaron hoy el control de la petrolera YPF y obligaron a abandonar la sede de la compañía a los directores ejecutivos españoles y argentinos.
Baratta, que hasta hoy era el único representante del Estado argentino en el directorio de YPF, se presentó con una lista de directores ejecutivos que, según el Gobierno, deben renunciar, y ordenó cambiar la seguridad del edificio, según fuentes de la petrolera consultadas por Efe. El alto cargo ordenó a los ejecutivos, entre ellos el español Antonio Gomis, director general de Repsol en Argentina y adjunto a la vicepresidencia de YPF, que tomaran sus pertenencias personales y abandonaran el edificio, que permanece cerrado salvo para funcionarios argentinos.
El anuncio llega unas horas después de que, en la clausura de la asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Rajoy se comprometiera ante los empresarios a que su Gobierno defenderá como «propios» los intereses de las compañías españolas en el exterior -«allí donde haya una empresa española, allí estará el Gobierno», ha aseverado, aunque no ha aludido de manera expresa al caso de la filial de Repsol en Argentina.
El embajador de Argentina, Carlos Bettini, se reunió el pasado viernes con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, quien le trasladó la preocupación del Ejecutivo por la situación de YPF. A la salida de ese encuentro, García Margallo fue contundente: «Cualquier agresión a YPF se considerará una agresión al Gobierno».
Rebajando la tensión, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguraba que «las cosas parecen que se encauzan» en relación al futuro de YPF. Sobre esta cuestión, el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba habló el pasado sábado por teléfono con el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, quien le comunicó que era optimista sobre que se produzca una pronta solución.