Los archivos de la Audiencia de Pontevedra: Entre legajos y pruebas de crímenes

Cuando a uno le hablan de los archivos de un edificio histórico como es la Audiencia de Pontevedra, que en el pasado fue cárcel de mujeres, tiende a imaginar grandes espacios de estanterías en las que innumerables documentos acumulan polvo. La realidad, por el contrario, es que no solo se trata de un único archivo, sino que cada una de las cuatro secciones de la Audiencia, así como cada juzgado ubicado en el Pazo de Xustiza, dispone de un espacio independiente. En el caso concreto de las dos salas de lo penal, estas tienen, a su vez, dependencias donde almacenar los documentos y donde guardar las piezas de convicción, las pruebas de los distintos delitos que diariamente se juzgan en este entorno.

Lo primero que llama la atención de este último entorno es el olor que se percibe. Aunque tenue, no deja de ser hasta cierto punto molesto al cabo de unos instantes. Es lo que tiene guardar prendas de vestir que se mancharon con la sangre de las víctimas de crímenes o de los restos orgánicos que aún están presentes, eso sí, resecos, en las armas que se emplearon para consumar tales asesinatos.

En una esquina se almacenan aún las pruebas que sostuvieron la condena a las asesinas de Secundino Prego Amil. Ocurrió en la noche del 2 de febrero del 2014, cuando este vecino de Poio, tras haber pasado la tarde en la discoteca La Luna, llegó a su casa, donde lo esperaba su cuidadora, Albertina Táboas, y una conocida de esta, Rocío Gondar. En el camino de acceso a su vivienda, en una noche lluviosa, lo atacaron. Primero, lo golpearon en la cabeza con una sartén hasta que su mango se rompió para, acto seguido, utilizar el bastón con el que la víctima se ayudaba para caminar hasta que también este se fracturó. Entonces, optaron por emplear una piedra. Los forenses contabilizaron más de dieciocho golpes que le causaron «múltiples fracturas craneales».

En la actualidad, las pruebas de este brutal crimen, junto con otras que se remontan hasta los años noventa, esperan a una decisión judicial que autorice su destrucción definitiva en un espacio autorizado y habilitado. En otras ocasiones, los objetos son entregados a las familias o las víctimas, siempre que estas así los reclamen, mientras que otras veces, cuando se trata de bienes de valor cuya titularidad se desconoce, es el Estado el que los reclama.

En cuanto al papel, se estima que los archivos de la Audiencia de Pontevedra albergan, por otro lado, más de 350.000 procedimientos, los cuales están siendo objeto de su expurgo.

Estudio histórico

Ya se han trasladado 3.231 cajas a un espacio habilitado en el edificio administrativo de la Xunta en Campolongo, donde expertos estudiarán cada documento de forma individualizada y determinarán si tiene interés histórico o patrimonial que determine su conservación. Son pequeños escritos que sacan a la luz la intrahistoria no solo de Pontevedra, sino de toda la provincia.

Ahí está el expediente que se abrió cuando un vecino reclamó la propiedad de la plaza de Barcelos. Argumentó para ello que en su día había cedido los terrenos con el fin de que se celebrara una feria de ganado y que esta había dejado de hacerse. No se salió con la suya.

En otros casos, el interés de un pleito viene dado por el nombre de sus protagonistas, como Castelao, al que le embargaron hasta «un calzoncillo corto de caballero» y media docena de «paños higiénicos». O el del periodista que, a comienzos del siglo XIX, acusó en falso a Alejandro Pérez Lugín, quien ejerció de crítico taurino para La Voz con el seudónimo Don Pío, de haber plagiado La casa de la Troya. El protocolo de expurgo establece que toda causa anterior a 1946 se conservará porque se considera que tiene una valor patrimonial histórico, mientras que, en otros casos, está previsto que esta decisión la puedan adoptar directamente desde la Audiencia. «Aún no se ha dado el caso», reconocen los responsables del proceso.

En el caso de los relativos a Castelao y Pérez Lugín, se supone que los legajos se salvarán de una quema a la que ya se ha condenado a un total de 1.160 cajas de documentos.

---

---

---