El gobierno de Ferrol trata de anular en el juzgado el acuerdo que rebajó sueldos a varios de sus ediles
GALICIA
El equipo de Jorge Suárez trata de anular un acuerdo plenario de noviembre que fue fruto del consenso alcanzado entre su exsocio, el PSOE, y el PP para la redistribución de las dedicaciones exclusivas y parciales
28 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno de Ferrol en Común ha recurrido a los tribunales de justicia para anular un acuerdo plenario del 24 de noviembre del 2016 que fue fruto del consenso alcanzado entre su exsocio, el PSOE, y el Partido Popular para la redistribución de las dedicaciones exclusivas y parciales. Como consecuencia de esa maniobra, el equipo del alcalde, Jorge Suárez, se quedó con tres dedicaciones exclusivas -tenía previstas cinco, pero una, la de la concejala de FeC que acaba de ser expulsada del grupo, no llegó a consolidarse-, mientras que la oposición ha pasado a tener ocho parciales.
En la vista celebrada este jueves en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, FeC echó mano del BNG y de Ciudadanos para tratar de recuperar una dedicación exclusiva, y, consecuentemente, el salario que le fue retirado a la concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos -exmiembro del grupo socialista que se quedó en el gobierno tras la ruptura del pacto-, así como para anular las tres parciales que considera que la oposición tiene de más. Así, propuso como testigos al portavoz nacionalista, Iván Rivas, y a la concejala de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret. En sus declaraciones, los dos ediles de la oposición explicaron que en su día votaron en contra de la enmienda presentada in voce por la portavoz socialista, Beatriz Sestayo, con el respaldo del PP, porque entendían que se trataba de una maniobra para paralizar la vida municipal.
Iván Rivas cuestionó que la redistribución tuviese por objeto facilitar el trabajo de la oposición, así como el posible ahorro en las retribuciones de los concejales, argumentos aducidos por los socialistas y los populares.
Por su parte, Masafret matizó, a preguntas de los abogados de los demandantes, sus palabras en el pleno en cuestión cuando dijo: «Esto es un mercadeo». Así, ante la jueza explicó que el PP y el PSOE «se ponían de acuerdo por dinero».
El alcalde también testificó este jueves, pero no lo hizo como demandante, sino como representante del Concello. Su declaración fue en el mismo sentido que la de sus compañeros de gobierno Álvaro Montes -uno de los firmantes de la demanda- y Rosa Méndez, apuntando a un «castigo al supuesto transfuguismo» de esta última y de la edila de Urbanismo. Los tres negaron que la distribución al inicio del pacto fuese por criterios de proporcionalidad con el número de actas, como argumentó Sestayo.