La Administración quiere que cada compañía tenga al menos dos semanas para organizar sus nuevas rutas
14 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El plan de transporte de Galicia ha aparcado provisionalmente el conflicto a tres bandas, pero ninguno de los protagonistas puede meter las manos en los bolsillos porque tienen mucho trabajo por delante y muy poco tiempo.
LA XUnta
Plazos cortos. Solventada la crisis de la huelga indefinida y con los acuerdos firmados, la presión política se reduce notablemente en San Caetano, donde queda mucho que trillar. Con mucho apuro, el equipo de Infraestruturas logró ayer colgar en su web los detalles de los contratos, por los que esperaban los empresarios. Si en el primer plazo 72 empresas mostraron interés por los 41 en liza, en las últimas horas se sumaron nuevas compañías que aspiran a alguna concesión. Hoy mismo la Xunta comenzará a transmitir las invitaciones formales para que puedan presentar una oferta en la que, advierten, la parte económica no será lo más determinante, y sí la calidad y la seguridad del servicio. El margen para presentar candidaturas a uno o más contratos tendrá un máximo de cinco días, así que a mediados de la próxima semana la Administración confía en tener todos los paquetes preparados para analizar. A partir de ese momento, los técnicos de Infraestruturas creen que pueden hacer la elección definitiva en 48 horas, lo que llevaría a agotar prácticamente la semana. Las empresas que resulten adjudicatarias tendrán unos quince días para organizar su logística y ofrecer el servicio pactado el 8 de agosto. Para ello, podrán promover uniones temporales con otras compañías, y tendrán que afinar en la elaboración de las plantillas de trabajadores.
Las EMPRESAS
Con varios frentes. La patronal tendrá el mes de julio más complicado en lo que a acumulación de trabajo se refiere. Tiene por delante el reto de hacerse con 41 contratos que suman un volumen de negocio de unos 60 millones de euros, de los que 40 los aporta la Xunta porque se corresponden con el transporte escolar. Habrá decepciones, sobre todo entre los grandes, porque aunque reciban invitaciones para aspirar a contratos, al final no podrán recibir más del 25 % de las adjudicaciones, para cumplir la cláusula con la que la Xunta ha querido blindar el futuro de las empresas medianas y familiares. Por supuesto, tendrán que lidiar con los trabajadores, que quieren mejores convenios y subidas salariales. Y después está el frente de la Xunta, que es el más abandonado y complejo pero que ya no es tan decisivo. Tras casi un mes en el que apenas consiguieron tratar ningún asunto concreto, ahora intentará mejorar algunas condiciones económicas para hacer frente a las nuevas rutas.
Los trabajadores
Cuatro mesas y divididos. Es sin duda la parte que ha vivido con más intensidad las últimas semanas. Los esfuerzos para sacar adelante acuerdos con la Xunta y con la patronal han sido evidentes y reconocidos, y a esas negociaciones de horas acumuladas deben sumar sus propias dinámicas internas, que les llevan a consultar en asamblea prácticamente cada paso que dan, independientemente de cuál sea su sentido. Ahora se podrán centrar en su especialidad, que es la de la resolución de asuntos como las subidas salariales, para las que han arrancado una base de partida del 2 % que consideran satisfactoria. Sin embargo, tendrán más de un enemigo: el primero será la incertidumbre laboral, que juega en su contra, porque una cosa es ver plasmado un acuerdo marco con la Xunta y otra muy distinta es saber que en cuestión de días pueden acabar en una u otra empresa, amparados por concesiones cuya rentabilidad no está garantizada, ya no porque la Xunta haya sido cicatera, sino porque son rutas y explotaciones desconocidas. Además, afrontan estas semanas con una fractura que puede aflorar de nuevo entre CC. OO. y UGT, que vieron colmadas sus aspiraciones con la Administración, y la CIG, parcialmente desmarcadas. Esas desavenencias no han sido puntuales, sino que fueron recurrentes durante las negociaciones a dos y a tres bandas, cuestión que ralentizó por momentos el avance de cada punto abordado. Y también habrá un cambio de interlocutores. Los representantes a nivel de Galicia darán un paso atrás para ceder las riendas a los líderes sindicales que asumen las negociaciones en cada provincia. Los contactos con las empresas -al menos tres- serán tutelados por las direcciones gallegas, pero a nadie se le escapa que cada provincia tendrá su propia velocidad. A Coruña y Pontevedra, con contratos más jugosos, tienen un margen mayor. Los problemas, de aflorar, podrían darse en Lugo y Ourense, donde se centran las dudas de un plan que ya es imparable.
Un mes de «pruebas» para que en el inicio de curso salga todo rodado
El equipo de Ethel Vázquez está deseando sacudirse la presión de la amenaza de huelga para centrar sus esfuerzos en la puesta en marcha del plan y adelantarse así a los posibles problemas logísticos que puedan darse sobre el terreno a partir del 8 de agosto, cuando deberán empezar a funcionar las nuevas líneas. Con todo, no es la fecha más preocupante para la Xunta. Temen mucho más la del lunes 11 de septiembre, que es cuando comienza el curso escolar y las sensibilidades van más allá de las empresas y los sindicatos, ya que entran en juego las percepciones de las familias gallegas.
El reto es delicado, porque aunque el transporte mixto -general y escolar- se aplica solo en un 10 % de las rutas, lo cierto es que estas son las más complejas de Galicia y absorben 40 de los 120 millones que aporta la Xunta cada año a los buses de los colegios, esto es, un tercio del total. Son las líneas que cubrirán las comarcas menos pobladas de Ourense y Lugo. Los recorridos son largos y los contratos están muy ajustados, cuando no son abiertamente deficitarios, como advierte la patronal.
Lo que ocurra con los pasajeros generales a partir del 8 de agosto, siendo importante, no es pues lo que más preocupa, por cuanto se trata de una época con un uso más limitado del transporte público y en la Administración hay fe en que las empresas que se lleven las rutas sabrán adaptarse rápidamente a las nuevas demandas. Para ello, aseguran que será clave la subrogación y el trasvase de conductores entre empresas, que son los que mejor conocen el funcionamiento de las paradas y los horarios escolares.