La Xunta ultima la norma para ejecutar órdenes por la estética de los edificios

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

fran brea

Medio Ambiente quiere paliar así la «incapacidade» de los concellos más pequeños

16 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La Lei do Solo de Galicia, que lleva poco más de un año en vigor, se ha encontrado con un grave problema. Uno de sus aspectos más novedosos consiste en el establecimiento de normas muy concretas que pretenden luchar contra el feísmo, las fachadas inacabadas o las condiciones de hábitats inseguros e insalubres. Y lo hace con fuertes multas y hasta con ejecuciones de derribo que, sin embargo, no han calado en los ayuntamientos, que son los que tienen que ejercer su competencia urbanística.

Este obstáculo decisivo, transmitido y reconocido por los propios alcaldes a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias, podría encontrar una solución parcial si la Xunta asume el control en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Lo haría a través de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el órgano dependiente de la Consellería de Medio Ambiente que vela por el cumplimiento de las normas autonómicas, y en esta idea trabaja la asesoría jurídica, que busca el encaje legal más atinado que no tardará en conocerse.

Así lo anunció la conselleira Beatriz Mato en una jornada organizada en Santiago precisamente por la APLU, en la que expertos están abordando los problemas urbanísticos desde distintos puntos de vista. La titular de Medio Ambiente proclamó en el inicio de un congreso en el que participan unos seiscientos profesionales que se acabaron los tiempos del «ti vai facendo» para entrar en el terreno del «ti, faino ben», un nuevo marco para el que es necesario contar con «ferramentas» como la posibilidad de ejecutar las normas recogidas en la ley.

Los concellos, conocedores de primera mano de esta iniciativa legal de la Xunta, ya han expresado la conveniencia de que, paralelamente, las administraciones locales inicien un trabajo que registre el número de casas inacabadas y que permita analizar en profundidad cada caso.

800 paisajes recuperados

En la agencia urbanística de la Xunta trabajan en la actualidad 76 personas que han ido aumentando su actividad hasta alcanzar los 458 expedientes resueltos en el pasado ejercicio. Un «traballo inxente» -presumió Mato- que ha logrado reponer la legalidad en 784 casos desde el 2009, lo que ha supuesto recuperar otros tantos espacios degradados. Pero más allá de las cifras, la conselleira ha querido incidir en la capacidad de este órgano para despertar la conciencia social e implantar una cultura de respeto por el territorio.

Al margen de las nuevas competencias que aspira a asumir, la APLU ya ofrece apoyo técnico y jurídico a 66 concellos adheridos en los que viven 345.000 vecinos y que suman una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados, un 17 % del territorio gallego.