El nuevo plan de buses de línea prevé mantener las tarifas o incluso bajarlas

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

miguel souto

El transporte escolar compartido duplicará las paradas y sus rutas podrán ampliarse

30 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Hoy sale a información pública el primer gran ensayo para modificar el modelo de transporte público por carretera en una de las comunidades con más población dispersa del país y, por tanto, más dependiente del autobús. El modelo económico que sustenta este plan, que entrará en vigor en septiembre del 2019 pero que se ha tenido que adelantar en algunas zonas por las renuncias de algunas concesionarias, se basa en el mantenimiento de las tarifas actuales o incluso en su reducción, dependiendo de los casos. En paralelo, en la vertiente que intenta hacer negocio, la Consellería de Infraestruturas ha diseñado unas concesiones donde estaría asegurado el equilibrio financiero. No siempre habría grandes ganancias, pero se desterrarían las pérdidas, favoreciendo las uniones temporales de empresas. Esto evitaría en principio que las adjudicaciones se quedaran desiertas.

Este primer ensayo incluirá el uso compartido del 10 % de las líneas de transporte escolar, que pasarán a estar gestionadas por Infraestruturas y no por Educación, como hasta ahora. De hecho, estas líneas pasan a ser consideradas transporte regular, según el acuerdo publicado ayer en el DOG. Esta racionalización del modelo aprovechando los mimbres de la amplia red de transporte escolar, con un funcionamiento óptimo y con más de 3.700 paradas, se realizará en todos los casos con un monitor acompañante que dependerá de la concesionaria.

Derecho preferente del escolar

Pero la prioridad y el derecho preferente será siempre el uso escolar -manteniendo sus horarios, paradas y nivel general de calidad- y solo en el caso de que haya plazas vacantes -algo bastante habitual en las zonas rurales, no tanto en las urbanas- se podrá optar por el uso compartido. De ahí que la Consellería de Educación mantenga las competencias sobre los horarios, mientras que la contratación de las líneas recae en la de Infraestruturas, que será el departamento que asuma el coste de estos servicios. En cualquier caso, se crea una comisión interdepartamental para coordinar este nuevo modelo.

La alta capilaridad del transporte escolar permitirá duplicar las paradas en las zonas donde se instaure el uso compartido, inicialmente los 38 contratos zonales que salen a información pública hoy, además de cuatro concesiones de larga distancia, con un volumen de negocio global de 50 millones de euros (34 de ellos corresponden al transporte escolar). En algunos casos se podrá alargar algunos recorridos escolares -antes de la primera parada para estudiantes y después de la llegada al centro educativo- para atender mejor la demanda generalista. Por ejemplo, si el centro de salud de un determinado municipio está más lejos que el colegio, se plantea extender el servicio hasta el punto de atención médica, una de las demandas de transporte más habituales entre las personas mayores de las zonas rurales.

Transporte a demanda

Aunque algunas de las nuevas líneas serán de transporte regular estricto, la Xunta estará obligada a crear una dotación administrativa para atender el transporte bajo demanda, que es como se mantendrá la movilidad en los períodos vacacionales escolares. Inicialmente habrá una centralita que atienda las llamadas, aunque las mejoras tecnológicas instauradas en comunidades de Castilla y León para optimizar los trayectos bajo demanda no llegarán hasta que el nuevo plan esté a pleno rendimiento en el 2020, cuando se modificarán las más de 140 concesiones de transporte que están vigentes en la actualidad en Galicia.

El funcionamiento general del nuevo sistema -cuyo precedente es el programa piloto Tes + Bus- será supervisado por la Administración autonómica para detectar posibles disfunciones y poder mejorar los servicios.

El proceso probablemente suponga una reorganización del sector en Galicia, muy minifundista dada la propia configuración territorial de la comunidad, pues permite a las empresas constituir alianzas que pueden consolidarse en el futuro. De hecho, el número de contratos también se reduce, pues pasan de 77 a 42. Los taxistas también podrán entrar en estas uniones temporales.

Competencia investiga la renuncia de las empresas del transporte público

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está al parecer investigando la renuncia masiva de empresas del transporte a prestar los servicios adjudicados después de la sentencia del Tribunal Supremo que en marzo del 2016 anuló el sistema para otorgar las concesiones diseñado por la Xunta. Según ha podido saber La Voz, se trata de dilucidar si existió una concertación en el sector para renunciar masivamente a determinadas líneas, especialmente en las provincias de Lugo y Ourense, para presionar al Ejecutivo autónomo. De hecho, el nuevo plan de transporte se adelanta en estas zonas precisamente por las renuncias, pues finaliza el período durante el que la Xunta obligó a estas firmas a mantener transitoriamente el servicio.