De la Serna rechaza transferir la AP-9, pese a la petición de la cámara gallega

G. BAreño / d. sampedro MADRID, SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Angel Díaz | efe

Afirma que es de interés del Estado y la titularidad «tiene que seguir donde está»

13 may 2017 . Actualizado a las 11:26 h.

La proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego en la que se solicita al Estado la transferencia de la titularidad de la autopista AP-9 a Galicia no ha modificado en nada el criterio del Ejecutivo sobre esta cuestión. «El Gobierno de España sigue entendiendo que esta es una autopista de interés general del Estado, y por tanto la titularidad necesariamente tiene que seguir estando donde está», afirmó el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, al ser preguntado tras el Consejo de Ministros.

Recordó el ministro que, antes de que la cámara gallega aprobara por segunda vez en el último año la citada proposición de ley para el traspaso, que ahora deberá ser defendida en el Congreso de los Diputados, él ya había expresado esa misma posición en Santiago de Compostela en presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.

Pese a defender que la Autopista del Atlántico debe ser de titularidad exclusiva del Estado, Íñigo de la Serna explicó que el Gobierno se ha «abierto» a que se pueda crear «un grupo de trabajo» para «poder compartir decisiones en cuanto a la gestión de la autopista que consigan mejorar sus condiciones».

Esa comisión mixta, según recordó, ya ha mantenido sus primeras reuniones. «Esa es la vía por la que hemos optado, la del diálogo y la colaboración, y en esa vía creo que estamos trabajando muy bien junto con el presidente de la Xunta para mejorar las condiciones de la autopista», concluyó. El ministro eludió contestar, sin embargo, a la pregunta de si el Gobierno y el PP nacional están dispuestos a dar la mayor celeridad a la tramitación en el Congreso de la iniciativa legislativa impulsada por unanimidad desde el Parlamento gallego para que pueda ser debatida cuanto antes en el pleno.

Una «tomadura de pelo»

Todas las fuerzas políticas gallegas, con la excepción del PP, que eludió valorar las palabras del ministro, reaccionaron ayer de manera contundente contra lo que consideran una «tomadura de pelo» y un «menosprezo» a una iniciativa respaldada por todo el Parlamento gallego.

Manuel Lago, portavoz de En Marea, que recientemente registró una iniciativa dirigida a rescatar la AP-9 para el sector público, negó ayer que exista restricción legal alguna para el traspaso. «É unha bofetada extraordinaria ao pobo galego na cara de Feijoo», dijo Lago sobre las palabras del ministro, antes de emplazar al presidente de la Xunta a aclarar si es «cómplice» o «muñidor» de la decisión de De la Serna.

Desde el PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga también cargó las tintas contra Feijoo por entender que «non está contando as cousas como son», al facilitar en Galicia una posición «sabendo que en Madrid vai ser outra». En todo caso, el portavoz socialistas insistió en que el PP no tiene mayoría en el Congreso y que se abren posibilidades para aprobar el traspaso de la AP-9.

Para Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, es palmario que «Feijoo non pinta nada no seu partido» y considera que todas las fuerzas gallegas han de exigirle al presidente de la Xunta «que se presente en Madrid e lle plante cara ao goberno do Estado» para lograr la transferencia.

Una reclamación que forma parte de la agenda política desde el año 2009

La reclamación del traspaso de la AP-9 empezó a tomar forma una vez que el Gobierno Aznar prorrogó la concesión por 25 años y se empezaron a levantar los peajes en algunos tramos puntuales.

2009

El programa del PP. El PPdeG asumió la demanda del traspaso de la AP-9 en enero del 2009, al incorporarla al programa electoral con el que Feijoo se convirtió en presidente de la Xunta.

2015

Iniciativa del BNG. El Bloque plasmó la petición del traspaso en una proposición de ley, registrada en febrero del 2015, que se aprobó por unanimidad en O Hórreo un año más tarde.

2017

Rectificar el veto. El Gobierno central vetó en el 2016 la tramitación de la ley en el Congreso, y el Parlamento gallego decidió rehacerla para evitar obstáculos.