Galicia alcanza los 450.000 electores en el extranjero y el Senado pide el fin del voto rogado en la emigración
GALICIA
Solo en los tres primeros meses del año el censo en el exterior ha crecido en 2.111 personas
15 may 2017 . Actualizado a las 10:00 h.El censo de electores gallegos en el extranjero no ha encontrado su techo todavía. La Oficina del Censo Electoral contabilizó el 1 de abril por primera vez más de 450.000 emigrantes gallegos o descendientes de estos con derecho a voto desde el extranjero. Solo en los tres primeros meses del año el censo de electores de la comunidad en el exterior ha crecido en 2.111 personas, lo que ha llevado a que la diáspora gallega suponga ya el 16,7 % del censo electoral total de Galicia.
Los electores gallegos inscritos en consulados y embajadas en el extranjero superan así los censos provinciales tanto de Lugo como de Ourense y van camino de igualar a ambas demarcaciones juntas.
Su participación en los comicios en los que pueden tomar parte -elecciones generales, europeas y autonómicas- es sin embargo mínima desde que en el 2011 se aprobó la reforma electoral que los obliga a rogar oficialmente la emisión de su voto, cruzando varios envíos postales, y los dejó fuera también de la elección de las corporaciones locales.
Tanto PP como PSOE, formaciones políticas que junto a CiU y PNV impulsaron la implantación del voto rogado, reconocen ya el efecto negativo que dicha reforma generó entre la emigración, que hasta entonces participaba en alrededor de un 30 %, pero que no ha llegado a cuatro puntos en los últimos comicios.
Ese reconocimiento se ha hecho oficial esta semana en el Senado, donde todos los grupos parlamentarios han secundado una propuesta de Unidos Podemos para eliminar el voto rogado. Todos los partidos reclaman igualmente que se reduzcan los plazos de envío de la documentación necesaria para el ejercicio del voto, implantar el voto telemático, así como incluso estudiar la creación de una circunscripción en la que todos los emigrantes escojan a sus representantes, independientemente de la provincia a la que estén adscritos.
Las propuestas de la Cámara alta serán ahora estudiadas en una subcomisión creada en el Congreso, que cuenta con medio año para hacer sus propios planteamientos al pleno.