La regulación de las viviendas turísticas llegó al juzgado en varias comunidades

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) daba a conocer hace dos semanas un requerimiento enviado a la Xunta para que corrigiese el decreto que regula las viviendas turísticas y que entrará en vigor este miércoles, día 10, salvo que la Xunta decida a última hora suspender su aplicación como han solicitado los propietarios de esos negocios. Es un paso previo, advertía aquel organismo, a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra esta normativa que, a juicio de la comisión, atenta contra la libre competencia. Pero la legislación que acaba de elaborar la Administración gallega no es la primera de este tipo que tiene problemas. Otras comunidades han tenido que modificar su normativa sobre los pisos de uso turístico o lidian con recursos que cuestionan esas normas. La CNMC unas veces y las organizaciones profesionales otras se han enfrentado a los Gobiernos que han tratado de regular el mercado de las viviendas turísticas.

En varias ocasiones se han apoyado para ello en una comunicación de la Comisión Europea en la que esta proporciona orientaciones sobre cómo debería aplicarse la legislación de la Unión Europea a un sector -que llama de la economía colaborativa- en rápida evolución. Para las autoridades europeas se trata de una actividad que puede contribuir a la creación de empleo y al crecimiento, y por lo tanto las trabas a este tipo de intercambios deben limitarse lo más posible.

Estas directrices de la Comisión Europea tratan de guiar a las comunidades a la hora de elaborar las normativas que regulan actividades como las viviendas turísticas. Sin embargo, no han evitado que los recursos, como podría ocurrir en el caso del decreto gallego si este no se revisa, sigan llegando a los tribunales de justicia. Y no solo en los juzgados: la Federación Española de Asociaciones de Pisos Turísticos (Fevitur) denunció en el mes de noviembre ante la Comisión Europea la violación del derecho a la libre competencia en la que, a su entender, incurren algunas normativas autonómicas y locales españolas.

Castilla y León

Desde febrero. Casi al mismo tiempo que Galicia, la Junta de Castilla y León aprobó en el mes de febrero el decreto que regula los establecimientos turísticos en esa comunidad. Sus principios son similares a los del texto gallego: a los propietarios de viviendas que quieran ofrecerlas para uso turístico se les da un plazo de seis meses para que se registren. Pese a ello, no parece haber suscitado una gran oposición.

Andalucía

Una normativa impugnada. El decreto que regula esta actividad en Andalucía entraba en vigor en mayo del año pasado. Desde entonces se han inscrito en el registro creado por la Junta andaluza más de 20.000 viviendas turísticas. Sin embargo, la norma fue impugnada por la Federación Española de Asociaciones de Pisos Turísticos.

Valencia

Otra actuación de Competencia. A principios de año fue la Comunidad Valenciana la que, después de abrir procedimientos sancionadores contra varias webs que comercializaban viviendas turísticas, recibió una comunicación de Competencia en la que esta exigía a la Agencia de Turismo que eliminase la obligación de registrar este tipo de pisos. Mientras, una sentencia daba la razón a un propietario de cinco viviendas de uso turístico a las que el Ayuntamiento de Valencia había ordenado el cese de actividad.

Madrid

Artículos anulados. Hace unos meses, la Justicia anulaba un artículo del decreto que regulaba los apartamentos turísticos en la Comunidad de Madrid, a raíz de otro contencioso presentado por Competencia. El precepto declarado nulo es el que establecía que las viviendas de uso turístico no podían alquilarse por un período inferior a cinco días.

Aragón

Un informe desfavorable. Competencia también se dirigió al Gobierno de Aragón a propósito de la regulación de pisos turísticos impulsada por esa comunidad, que obligaba a su registro.

Baleares

En proyecto. El Gobierno balear prepara un decreto para regular el alquiler turístico, que prevé también el registro obligatorio y la obligación de que las comunidades de vecinos den el visto bueno a la actividad.

Cataluña

Desde el 2012. Cataluña aprobó en el año 2012 la normativa de viviendas turísticas. El Ayuntamiento de Barcelona suspendió hace unos meses las altas por la saturación de negocios de este tipo en la ciudad.

Canarias

Varapalo judicial. Esta semana se hacía pública la anulación de parte del decreto que rige en Canarias, que también había sido recurrido por Competencia.

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