La Xunta quiere que los autobuses escolares lleven también viajeros

El Ejecutivo autonómico considera que las empresas deben compensar el coste de las líneas deficitarias con la rentabilidad de un servicio por el que paga 120 millones de euros al año

Zonas de líneas de transporte en Galicia.$pieImg Zonas de líneas de transporte en Galicia

santiago / la voz 04/05/2017 07:12 h

La Xunta quiere exprimir al máximo los 120 millones de euros que destina anualmente a subvencionar el transporte escolar en Galicia, y está convencida de que esta red que se activa en las jornadas lectivas en horarios muy concretos (primera hora de la mañana y de la tarde) puede resultar clave para cubrir la movilidad de los pasajeros de las comarcas rurales, donde la rentabilidad de las concesionarias está más que cuestionada.

La Consellería de Infraestruturas, responsable de diseñar el nuevo mapa de rutas que cambiará los hábitos de transporte de miles de gallegos entre este año y el 2019, admite que buena parte de las rutas que expiran en agosto (578) son «dificilmente sustentables», un panorama que contrasta con la organización del transporte de niños, considerada por la Administración autonómica como «moi rentable». Ahora bien, políticamente la Xunta tiene la intención de abordar esta posibilidad a través de los nuevos contratos sin despertar el menor recelo entre las asociaciones de padres de alumnos, que en otras experiencias han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que merme la calidad del servicio. Por ello insisten en que los usuarios del transporte escolar, con sus horarios y sus paradas, serán «prioritarios». Ahora bien, el objetivo es evitar que autobuses con 55 plazas circulen por las parroquias de las comarcas menos pobladas con media docena de alumnos, de ahí que se esté tratando de analizar de forma individualizada cada ruta para detectar buses en los que se trasladarían escolares y usuarios comunes, que pagarían su billete y que podrían tener rutas ampliadas hacia lugares de interés social -zonas céntricas y comerciales, institucionales o sanitarias-, siempre después de haber cumplido su misión original de llevar y traer a los niños. Con esta medida, que garantiza la continuidad de la figura del acompañante escolar, el paquete al que aspiren las concesionarias hará que las líneas que en la actualidad no son rentables pasen a ser viables gracias a los ingresos fijos proporcionados por la ruta escolar.

Otra cuestión compleja que deberá resolverse en los contratos es la posibilidad de que el mismo servicio se pueda prestar fuera del calendario académico.

Más de 2.300 autocares destinados casi en exclusiva a llevar alumnos

Cada mañana, entre las 8 y las 9 en la mayoría de los casos, una flota de 2.300 autobuses comienza a culebrear por tres mil rutas para llevar a niños desde las aldeas más remotas a los centros escolares públicos repartidos por Galicia. Entre conductores y acompañantes se movilizan a diario unas cuatro mil personas implicadas en este servicio complementario, que le cuesta a la Xunta algo más de 120 millones de euros al año. Para las empresas más modestas, esta actividad supone hasta un 70 % de la facturación, y cualquier otro ingreso extraordinario depende del dinamismo de la comarca. «Pongamos un caso, el municipio de Triacastela. Necesitas cuatro autobuses para cubrir la demanda escolar, pero el resto del día tienes suerte si cubres un entierro o si en la zona hay un equipo de fútbol que demande tus servicios para desplazarse», explica el presidente de la Federación Galega de Asociacións de Transportes de Viaxeiros en Autocar (Transgacar). Carlos García Cumplido establece diferencias entre la rentabilidad que puede alcanzar una firma asentada en un área metropolitana y otra que ofrece sus servicios en una zona rural. Por ello niega la mayor y cuestiona que exista tanto margen para que se puedan compensar los beneficios del transporte escolar con otras rutas en zonas menos pobladas que son «ruinosas y en las que no compensa ni encender el coche», sostiene.

«Queremos colaborar»

A García Cumplido le parece bien que se tenga en cuenta la integración de los servicios del transporte metropolitano, el escolar y las líneas que tienen concesión, pero pone en duda que el plan de la Xunta esté suficientemente maduro como para que el sector lo vea con buenos ojos. «Queremos colaborar», afirma, pero sospecha que los tiempos vienen marcados por una sentencia judicial que, en el fondo, ha incomodado a todas las partes. Por un lado, la Administración se ha visto obligada a partir en dos fases el nuevo mapa del transporte (2017 y 2019) y ha obligado a las empresas a ofrecer un servicio deficitario durante un año extraordinario que incluso podría acabar en los juzgados.

Con todo, el sector quiere ser prudente hasta conocer al detalle la propuesta de Infraestruturas, que se desvelará previsiblemente a través del DOG a finales de mayo. El mayor problema de estos nuevos contratos será su corta duración (tan solo dos años), ya que en el 2019 se sacarán a la vez de nuevo todas las rutas gallegas para poner el cuentakilómetros de las concesiones a cero.

Por otro lado, advierten que el margen de tiempo es demasiado estrecho como para que las empresas aborden inversiones como la adquisición de microbuses. «En algunos casos da igual que pongas coches de nueve plazas, porque vas con uno o dos pasajeros, los costes son los mismos, y el sector ha sufrido en los últimos años como cualquier otro», concluye el representante de Transgacar.

Votación
12 votos
Comentarios