Le okuparon la casa cinco veces, se la incendiaron y tuvo que pagar el derribo

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA

EDUARDO PÉREZ

La dueña tuvo que abonar 30.000 euros para demoler la vivienda tras haber sido declarada en ruina por el Concello

26 abr 2017 . Actualizado a las 18:23 h.

La crónica que viene a continuación recoge lo que puede llegar a pasar cuando uno tiene una casa que no habita y se la okupan. Hasta puede quedarse sin ella y sin parte de sus ahorros, como le ocurrió a la propietaria de un inmueble coruñés de más de un siglo de vida, de dos plantas, ubicado en el número 29 de Camino del Pinar, en los márgenes del futuro parque del Agra, a tiro de piedra del campo de Riazor. Un bombón para un paladar inmobiliario.

El inmueble de esta mujer a la que presta su voz el abogado coruñés Manuel Meiriño fue okupado hasta en cinco ocasiones a lo largo de diez años. Cada uno que se iba lo dejaba todo destruido. Y cuando eso ocurría, el Ayuntamiento la obligaba a reparar los daños bajo amenaza de declarar la vivienda en ruina. Arreglaba, volvía a tapiar y de nuevo alguien se colaba seis meses, un año o dos. Dependiendo de la carga de trabajo del juzgado que tocaba. Hasta que la casa sufrió un incendio en el 2013. Ya sin posibilidad alguna de arreglo, fue declarada en ruina y su dueña obligada a costear los gastos de demolición, que se elevaron a 30.000 euros debido a la existencia de uralita. Hoy, esa mujer tiene un solar. «Hay cientos de casos parecidos y hasta los habrá peores», dice el abogado coruñés Manuel Meiriño, que vivió muy de cerca el caso porque a él le tocó defender a varios de los vecinos de esa calle.

El letrado recuerda que en esa casa, como en otras de la misma zona, tuvieron dos problemas, no uno. El de la okupación y la falta de una legislación ágil para combatirla, y el de la burocracia y la Administración.

El primer problema fue serio porque durante una década el inmueble fue okupado cinco veces por largos períodos de tiempo. La mujer ponía la correspondiente denuncia y esperaba a que se emitiera la orden de desalojo. Recuperada la propiedad, se encontraba con numerosos y cuantiosos daños y ahí entraban la Administración y el Servicio de Disciplina Urbanística, que obliga a los dueños a adecentar las viviendas. Cuenta Manuel Meiriño que, cuando eso ocurre, los propietarios, «con mucho esfuerzo», arreglan sus viejas casas, «pero a los pocos días amanecen destrozadas. Y vuelta a empezar. De nuevo, el Ayuntamiento regresa a la zona, ve la desfeita y vuelve a emplazar a los titulares de los inmuebles para que restauren los daños bajo amenaza de declarar la vivienda en ruina».

Encima, la mujer de la que habla Meiriño fue multada con 6.000 euros por un retraso en las obras de rehabilitación, sanción que suspendió años después el juzgado de lo contencioso-administrativo al entender que se trataba de un abuso.

Tras el incendio que destruyó el inmueble, el Ayuntamiento regresó a la zona para abrir el correspondiente expediente de ruina y preparar el proyecto de demolición, que le remitió a la propietaria para que lo pagara. Lo que quedaba de la casa fue derribado el año pasado y hoy es un solar.

El autor del incendio fue el último que la ocupó. En una ocasión, la hoguera que encendía todas las noches en el salón se le fue de las manos. Pudo huir, pero dejando el inmueble en llamas hasta su destrucción. Nunca lo identificaron, «algo que no importa porque se trata de gente sin recursos a la que no se puede embargar. De hecho, ninguno de los okupas condenados y desalojados pagó arreglo alguno».