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Feijoo a Audasa: «Debe cumprir os seus deberes antes de reclamar dereitos»

Asume una subida «importante» de peajes que comprometió el Gobierno socialista


santiago / la voz

«O primeiro que ten que facer una concesionaria antes de reclamar os seus dereitos é cumprir os seus deberes». Es la opinión del Gobierno gallego sobre la subida de peajes que pretende imponer Audasa a los usuarios de la autopista AP-9 en enero del 2018, y así la transmitió el presidente de la Xunta al término de la reunión semanal de su equipo. Comprende Alberto Núñez Feijoo que la empresa firmó un acuerdo -en el 2011 con el Gobierno en funciones de Rodríguez Zapatero- para asumir el montante de las obras a cambio de poder repercutir la financiación sobre los usuarios, subiendo el peaje un 1 % además de otras cargas sobrevenidas como el IPC o la recuperación de la bonificación de tarifas entre Pontevedra y Vigo. «¿O incremento vai ser importante? Si. ¿Sabiamolo dende hai oito ou nove anos? Si», reflexionó el jefe del Ejecutivo gallego antes de reclamar «menos demagoxia» a la hora de responsabilizar a un partido político -en referencia al PP- «que non pactou» la fórmula para acometer las ampliaciones viarias.

Feijoo interpreta que el ministro de Fomento tiene la obligación de asumir un acuerdo firmado «que non entende de cores políticas», pero también reprocha a Audasa las prisas por empezar a cobrar cuando todavía no ha finalizado las obras comprometidas, en esencia en el puente de Rande -donde se produjeron importantes retenciones esta Semana Santa- y en Santiago. Esperar, luego, «é o razoable» para el presidente, sobre todo porque, más que los atascos, en la Xunta preocupan los problemas de seguridad que se puedan derivar de las actuaciones en algunos tramos, cuestión que también se trasladará al Ministerio de Fomento junto a la petición de que se retrase el cobro en la parte que se refiere al dinero adelantado por Audasa.

El presidente Feijoo eludió valorar si la transferencia de la AP-9 a Galicia, que se ha retomado en el Parlamento autonómico esta semana, servirá para que la Xunta amplíe su margen de maniobra a la hora de apretar a una concesionaria que se lleva uno de cada tres euros de beneficio en cada peaje y que, además, ha dejado millones de euros en las arcas del Estado en forma de impuestos. Dinero que, sin embargo, no ha revertido en inversiones en el vial, que ahora van a mantener los usuarios.

El PSdeG: que pague Fomento

La decisión de afrontar el coste de las obras a través de las subidas de peaje que irán para las arcas de la concesionaria la firmó el exministro José Blanco días antes de dejar el Gobierno y tras haber perdido las elecciones ante Rajoy. El portavoz de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, enmarca esa decisión en un ejercicio, el 2011, de «tremendas dificultades» para Fomento. Sin embargo, los socialistas gallegos defienden ahora que, en adelante, sea el Ministerio el que retome la capacidad inversora en el vial. «A situación é diferente agora», asegura Leiceaga, quien confía en que se pueda discutir la «excepcionalidade» de esta concesión en el pleno de mayo en el que se va aprobar el texto de la transferencia. A pesar de las diferencias de matiz, los cuatro grupos han acordado agilizar el documento para trasladarlo cuanto antes al Congreso.

La comisión para seguir la ejecución de las cuentas se abre a más de cuatro conselleiros

El Gobierno abordó ayer la anunciada creación del comité de seguimiento de la ejecución de los presupuestos del Estado. En la reunión se hizo fuerte el argumentario de que las cuentas son buenas para Galicia porque se convierte en la segunda comunidad si se tiene en cuenta la inversión por ciudadano. Sin embargo, Feijoo admite que el montante de 900 millones adjudicado es solo «un punto de partida» que si se ejecuta al completo supondrá una inyección de un 50 % más respecto a lo ejecutado el año pasado.

En la comisión, que es compatible con las reuniones trimestrales con el ministro de Fomento para seguir las obras del AVE, participarán en principio cuatro conselleiros: el vicepresidente y los titulares de Facenda, Medio Ambiente e Infraestruturas. Sin embargo, puntualizó el presidente, estará abierta a otros miembros de su Gobierno cuando estén en juego partidas que afecten a sus departamentos, ya que aunque el AVE es la clave del «alto» nivel de inversión del Estado (500 millones), también hay más de 400 millones destinados a otras infraestructuras viarias y actuaciones que merecen «estar atentos para que todo avance». Feijoo garantizó en la misma comparecencia que la ejecución de la variante Ourense-Taboadela del AVE no frenará el acceso urbano a la capital.

Los municipios de A Coruña denunciarán en Europa el impago del IBI por la AP-9

Los ayuntamientos de la provincia de A Coruña por los que atraviesa la AP-9 reclaman a la concesionaria el pago de la totalidad del IBI de la autopista, que está exenta de abonar el 95 % de este impuesto. Alcaldes y concejales de los 22 municipios se reunieron en la casa consistorial de Abegondo para analizar los cauces a seguir asesorados por un abogado experto en la materia. Al encuentro no pudieron asistir representantes de A Coruña, Santiago, Fene, Narón, Mesía, Padrón y Neda.

Tras dos horas de reunión, la propuesta para lograr la eliminación de la exención consistirá en denunciar ante la Comisión Europea mediante un recurso de incumplimiento, ya que España no ha corregido su actuación. En una primera fase se revisaría la valoración catastral de la autopista en cada municipio, que se estima puede ser errónea en muchos casos, y en una segunda fase se iniciaría la reclamación administrativa en Europa.

Cinco millones al año

La consultora calcula que en conjunto los municipios de la provincia deberían cobrar más de cinco millones de euros al año, cuando en la actualidad se está cobrando solo el 5 % de esa cifra. Además, en este tipo de reclamaciones en Europa es habitual aplicar una retroactividad de diez años lo que, de prosperar, supondría un desembolso de 50 millones de euros a repartir entre Abegondo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Betanzos, Ordes, Oroso, Ames, Teo, Ferrol, Cabanas, Pontedeume, Paderne, Bergondo y Miño, además de los ya citados.

Por ejemplo, en el caso de Abegondo, su alcalde señaló que de los 29.700 euros anuales que le reporta Audasa en concepto de IBI su concello pasaría a cobrar casi 600.000 euros.

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