La Xunta asume el recorte de fondos del Estado, pero pide que se blinde el AVE

Dos meses exactos. Es lo que duraría la palabra dada por el ministro de Fomento, que el 1 de febrero fijó la fecha de entrega del AVE gallego en el tercer trimestre del 2019. La Xunta ya sabe que las cuentas del Estado vienen con recortes y que estos afectarán sobre todo al departamento dirigido por Íñigo de la Serna, pero confían en que ni se toquen las inversiones para el tren ni, sobre todo, los plazos. «Na miña opinión están garantidas e blindadas porque tanto para o ministerio como para a Xunta o AVE é irrenunciable para Galicia», sostuvo ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que se mantuvo dentro de los márgenes de valoración fijados el día anterior por el jefe del Ejecutivo.

A Núñez Feijoo, sin embargo, no le preocupan tanto «as cifras» que se puedan conocer en los próximos días como «a execución efectiva» de las partidas, un aspecto decisivo para que los gallegos empiecen por fin a paladear el haber vivido en los últimos años en una de las comunidades con mayor nivel inversor por habitante del Estado, una realidad distorsionada por las costosas obras ferroviarias, que en el 2016 estuvieron prácticamente paralizadas.

Con todo, habrá que esperar al martes, cuando el ministro de Hacienda presente en el Congreso el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado que ayer aprobó el Consejo de Ministros, para conocer en detalle cómo quedará el reparto de la tarta de las inversiones. Y, sobre todo, si el Ejecutivo compensará a los territorios donde se juega el apoyo a las cuentas.

Lo cierto es que el Gobierno ya ha comenzado a hacer guiños a las comunidades de las que necesita respaldo parlamentario. A los 4.200 millones de euros en infraestructuras hasta el 2020 que el presidente Rajoy anunció esta misma semana en Cataluña, y que levantó ampollas en el resto de las comunidades, se sumó ayer otro gesto de buena voluntad del Ejecutivo, en esta ocasión hacia el PNV, de cara a contar con su voto en el Congreso. Primero fue la abstención del PP, que facilitó la aprobación de los presupuestos vascos, y ayer el Consejo de Ministros envió otra señal a la bancada nacionalista al desbloquear el proceso de reposición de la plantilla de la Ertzaintza, que permitirá que el Gobierno vasco convoque este año 300 nuevas plazas para su policía autonómica. De hecho, el lendakari Urkullu mostró su «satisfacción», destacando que es «un ejemplo» de una relación «bilateral y de igual a igual» entre los Gobiernos central y vasco.

En el sudoku parlamentario, y una vez asegurado el respaldo de Ciudadanos, otro cabo que el Ejecutivo precisa amarrar es el los diputados canarios (Coalición Canaria y Nueva Canarias), que también reclaman inversiones y que ayer vieron cómo el Gobierno aprobaba la tramitación del anteproyecto de ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su parte económica, tras casi un cuarto de siglo sin tocarse.

Aparcando las negociaciones, tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como su homólogo de Economía, Luis de Guindos, defendieron las bondades de los Presupuestos para este 2017 (aunque se autorizarán a mediados de ejercicio), cuya aprobación posibilitará, entre otras cosas, incrementar en casi 5.400 millones la financiación de las comunidades autónomas

Menos paro, más pensiones

Las cuentas incluyen elevar un 7,6 % los recursos para la Justicia, en 100 millones más los de dependencia y en otros tantos los destinados a la lucha contra el fraude fiscal, sin olvidar otros 342 millones para la protección de la familia y la lucha contra la pobreza infantil o un préstamo -que Montoro no cuantificó- para que la Seguridad Social pague las pensiones ante el previsible fin de la hucha.

Y todo ello sobre unas previsiones macroeconómicas «muy cautas, prudentes y moderadas», según De Guindos, que estiman un crecimiento del 2,5 % del PIB, la creación de 500.000 empleos y que el número de parados baje de los cuatro millones por primera vez desde que estalló la crisis.

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