Los concellos plantean crear un registro de casas inacabadas y analizar las causas

m. s. REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Roi Fernández

Las multas por fachadas sin rematar son por ahora prácticamente inexistentes

26 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Una de las medidas que prevé la nueva Lei do Solo, aprobada en febrero del año pasado, consiste en multar a los propietarios de viviendas cuyas fachadas no estén acabadas. Con esta norma se pretende combatir el feísmo y cuidar el paisaje. La competencia de sancionar por las construcciones inacabadas recae sobre los concellos, pero un año después de aprobada la ley y varios meses después de que haya entrado en vigor el reglamento que la desarrolla, las multas por este concepto son prácticamente inexistentes. El Concello de Pontevedra, por ejemplo, confirma que no se ha puesto ninguna multa por fachadas inacabadas. De momento, explican, los servicios técnicos están en pleno proceso de depuración de la ordenanza de inspección de edificios, en la que se incluyen las fachadas, para adaptarla al régimen sancionador de la nueva ley.

Este fue uno de los temas que se abordaron en una reciente reunión entre la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y la Federación Galega de Municipios de Provincias (Fegamp), que preside el alcalde socialista de O Barco, Alfredo García. En ese encuentro, los regidores -que durante la tramitación de la ley se habían mostrado reacios a que se les atribuyese la competencia de sancionar por viviendas inacabadas- plantearon la necesidad de impulsar un registro de edificaciones que estén en esta situación y analizar las causas de ese abandono. El argumento es que las razones que llevan a un propietario a no rematar su casa pueden ser muy variadas y hay que tener en cuenta esa casuística a la hora de actuar.

Ese registro permitiría, por tanto, conocer a fondo el problema, sus motivos y articular soluciones. Sería a partir de ese diagnóstico, creen los regidores, a partir del cual debería impulsarse el proceso sancionador. En el caso de los municipios de más de 50.000 habitantes, es decir, las siete ciudades, la Lei do Solo recoge que deben crear un registro de solares. Este documento, en el que se incluirán los solares y las construcciones en ruina, es opcional en el caso de los demás municipios. La ley prevé incluso la subasta de esos bienes.

Desde la Consellería de Medio Ambiente destacan que la ley no está hecha para multar y que este no es su fin principal, sino hacer pedagogía «y concienciar a la gente de que es tan importante acabar una casa por dentro como por fuera». En ese objetivo que comparten con la Fegamp, una de las opciones que se plantea es que el control de las fachadas inacabadas pueda realizarse a través de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que asumiría esas competencias en aquellos concellos con los que tiene convenio.

Por el momento es solo una posibilidad. Y, aun en el caso de aprobarse, su puesta en marcha requeriría una serie de trámites que llevarían algún tiempo. Los convenios firmados hasta ahora no recogen esas atribuciones, por tanto, habría que proponer a los concellos ese cambio, estos tendrían que aceptarlo y debería firmarse un nuevo acuerdo, explican desde la consellería. «Estamos en una fase muy inicial», recalcan. Una fase en la que se han marcado como objetivo incidir en la concienciación sobre la necesidad de conservar el paisaje. La receta para ello, dicen: «Pedagogía y formación».

Las sanciones pueden alcanzar los 25.000 euros en 15 meses

En caso de que el propietario de una obra sin acabar no atienda la orden municipal para completar esos trabajos, el concello podrá proceder a su ejecución forzosa con la imposición de sanciones coercitivas. El importe de estas multas puede ir desde los 1.000 hasta los 10.000 euros. En el caso de que el dueño del inmueble siga incumpliendo la norma, las multas se duplicarían cada trimestre hasta acumular un máximo de 25.000 euros en 15 meses. Además, la infracción leve que supone dejar una edificación sin finalizar conlleva en sí misma una multa de entre 300 y 600 euros.

La ley permite además que el concello asuma, en caso necesario, las obras y que pase después la factura de estas al propietario del inmueble. En el caso de las fincas ocupadas durante años por cimientos y pilares, el plazo de la licencia podrá ampliarse, pero solamente si el promotor realiza previamente las obras de acabado exterior.