La dificultad al notificar las demandas entorpece el desalojo de los okupas

Los juzgados gallegos reciben cada año decenas de casos relacionados con la okupación ilegal de viviendas vacías. La memoria de la Fiscalía gallega de los últimos años revela la existencia de entre 300 y 600 usurpaciones, que es el tipo de delito que recoge el Código Penal para las okupaciones de inmuebles, pero no es posible detallar una cifra exacta porque en ese apartado de la ley figuran también otros supuestos como la alteración de cierres o lindes de terrenos, que tienen especial incidencia en Galicia. La usurpación se enmarca dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. En el 2013 se incoaron en los juzgados gallegos 406 delitos por ese motivo; en el 2014 fueron 677, y en el 2015 se denunciaron 383 casos. La estadística del año pasado rondará los 300 delitos de usurpación, según fuentes de la Fiscalía. El Código Penal castiga la ocupación de inmuebles sin autorización de sus propietarios con una pena de multa.

Mientras, continúan conociéndose casos de okupaciones en Galicia. El colectivo social Os Ninguéns calcula que en Vigo unas 80 personas viven como okupas. Lo hacen en viviendas vacías del barrio antiguo, informa María Jesús Fuente. En Lugo se sabe de varios pisos y locales okupados. En uno de ellos, un bar que había cerrado, solicitaron incluso una antena parabólica, informa E. G. Souto.

La difícil notificación

Las denuncias presentadas chocan con frecuencia contra un muro difícil de superar, como es el de la notificación de las demandas de desalojo. «Hay una gran dificultad a la hora de notificar la demanda a las personas que ocupan ilegalmente viviendas», apunta el abogado David Arjones, del despacho Eugenio Moure Abogados.

A la negativa de los denunciados de recoger cualquier tipo de notificación, se une previamente el desconocimiento de la identidad de la mayoría de los ocupantes, tarea que requiere de tiempo para que sea resuelta y que normalmente da paso a la de averiguación de todos los domicilios que haya podido dar ante distintas administraciones e instituciones el demandado para agotar así todas las posibilidades de notificación de la demanda. «Esa tarea puede llevar meses y todo el proceso corre el riesgo, además, de declararse nulo si hay algún domicilio donde haya constado el paso del demandado y no se ha llevado allí la notificación, o si no se ha logrado hacerlo también en la vivienda ocupada», explica Arjones. Una vez que dicho recorrido se ha completado y han sido agotadas las vías de notificación, las demandas de desalojo pueden ser publicadas en edictos, que deben de pasar al menos un mes anunciados en los juzgados una vez que se les ha dado el visto bueno. Es decir, el proceso se demora en sus movimientos previos durante meses antes de que sea dirimido por un juez.

Las vistas pueden dar sorpresas desagradables también para los propietarios de inmuebles ocupados si los moradores ilegales sufren algún tipo de daño en su interior, siempre y cuando no hayan encontrado obstáculos que vencer para entrar, caso de viviendas en ruina o abandonadas. Existe jurisprudencia abundante que otorga al menos parte de la responsabilidad de los daños sufridos por los ocupantes al propietario, que por otra parte casi siempre suele quedarse sin cobrar por los desperfectos que se le puedan haber causado en su vivienda. Los condenados suelen argumentar su insolvencia económica, incluso para pagar las multas con las que suelen darse por cerrados los procesos por usurpación de posesiones inmuebles.

David Arjones, que recomienda en el blog de su despacho cómo actuar ante casos de ocupación de viviendas, aboga por «tomar las riendas del asunto cuanto antes, el tiempo apremia en materia de ocupaciones», dice para instar a denunciar cuanto antes e insistir a la policía o Guardia Civil para que se persone en el inmueble ocupado para intentar desalojar a los inquilinos en un primer momento, o cuando menos identificarlos.

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