Feijoo sugiere canalizar los casos a través de las oficinas de consumo, «que teñen que dar respostas»

J. C. SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

XOAN A. SOLER

La Administración autonómica también ha sufrido las consecuencias de okupaciones en pisos públicos que estaban temporalmente vacíos o que se utilizaban para atender emergencias sociales

24 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente de la Xunta entiende que las administraciones, en su caso la autonómica, no pueden quedar al margen de un problema social como el movimiento okupa, que está provocando que ciudadanos vean conculcados sus derechos constitucionales sobre una propiedad privada. «Nós temos a disposición dos galegos as oficinas de consumo», a las que invitó a acudir a todos aquellos que se ven afectados por esta situación: «Se chega alí un consumidor denunciando un problema nunha propiedade temos que dar respostas», explicó Núñez Feijoo al término del Consello da Xunta. A su juicio, estos servicios deben de «orientar» a las personas que lo demanden para recuperar sus derechos, y además están capacitados para «facer de ponte» con las fuerzas de seguridad y con cualquier resorte de la Administración.

El presidente admite que estas oficinas suelen recibir casos relacionados con productos de consumo diario, pero también pueden abordar otros asuntos más complejos, como es el caso de los expedientes a empresas de suministro eléctrico.

La Xunta, también afectada

La Administración autonómica también ha sufrido las consecuencias de okupaciones en pisos públicos que estaban temporalmente vacíos o que se utilizan puntualmente para atender emergencias sociales. Los casos más sonados se dieron en el polígono coruñés de Novo Mesoiro, donde incluso se encontraron con familias con menores alojadas en viviendas que no les correspondían. Desde el departamento de Vivenda, que tuvo que lidiar con estas situaciones, aseguran que siempre se actuó «con sensibilidade» para evitar que estas personas se encontrasen con una orden de desalojo sin tener activada alguna alternativa pública. En el barrio ferrolano de Recimil, con decenas de pisos públicos, también se dieron casos.