La Consellería de Educación e Cultura acapara el 38 % de las quejas de ciudadanos contra la Xunta

J. C. SANTIAGO / LA VOZ

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Las oficinas de atención a usuarios de la administración pública registraron 632 reclamaciones de ciudadanos gallegos

22 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta empieza a recibir información de vuelta de los servicios que ofrece, y toma buena nota. La puesta en marcha de iniciativas como el Portal de Transparencia e Goberno Aberto o los informes de la Oficina de Defensa das Persoas Usuarias dos Servizos Públicos revelan puntos débiles de una Administración que, en líneas generales, se puede concluir que funciona. Las 632 quejas registradas por gallegos el año pasado no parecen excesivas ante la gestión de amplias competencias como la sanidad o la educación, pero a la Xunta le han servido para tomar iniciativas normativas y poner en marcha mejoras funcionales.

Precisamente la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria es la que acapara más tirones de orejas de los administrados, 240, un 38 % del total, seguida de lejos por el departamento de Político Social (81, un 12,8 %). En cuanto a las motivaciones, la falta de personal ha impulsado 139 amonestaciones ciudadanas, y la segunda razón más repetida es la dilatación excesiva de los tiempos de tramitación. Los problemas para acceder electrónicamente a gestiones administrativas también generaron 71 expedientes, y curiosamente solo una de cada cinco quejas entraron por vía digital. El 77 % de los gallegos escogieron la opción presencial para protestar. La distribución geográfica de las quejas tampoco es equilibrada. Pontevedra, segunda provincia en población, es la que más protestas presenta, un 46 %, y Ourense y Lugo solo suman un 12 % del total.

Estos datos los conoció ayer la valedora de pobo de mano del vicepresidente de la Xunta. Alfonso Rueda también dio cuenta ante Milagros Otero de los resultados del primer año del Portal de Transparencia e Goberno Aberto, que acumuló 80.000 visitas. Los departamentos autonómicos resolvieron el 80 % de las peticiones de acceso a información pública, según se informó a la valedora, que advierte importantes avances en la comunicación entre los ciudadanos y las instituciones, aunque también alerta de que queda trabajo por hacer en los ayuntamientos.