El Congreso discute hoy la jefatura del ente que investiga los accidentes de tren

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Pedro Puente Hoyos | EFE

Se planteará la designación del ingeniero Fernando Montes Ponce de León, que En Marea no apoyará al considerar que no es imparcial para este puesto

21 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La Comisión de Fomento del Congreso discute hoy el nombramiento como presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del ingeniero Fernando Montes Ponce de León. En Marea votará en contra al considerar que no es imparcial para este puesto, pues defendió las medidas de seguridad dispuestas en Angrois cuando compareció en la subcomisión de estudio del ferrocarril que precisamente se creó tras el accidente del Alvia. Hasta este momento, Fernando Montes es vocal de la CIAF, un organismo cuya independencia cuestionó la Agencia Ferroviaria Europea, especialmente respecto a la investigación realizada sobre el descarrilamiento de Santiago.

Por otra parte, las víctimas del accidente preguntaron por carta a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, si va a activar una nueva investigación sobre el accidente ferroviario, informa Europa Press.

El pasado 6 de marzo Bulc se comprometió ante las víctimas a estudiar si se podía hacer «algo más» para que haya una investigación del siniestro. Asimismo, Bulc fijó un plazo de tres semanas para contestar a sus reivindicaciones, que se plantean después de que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo escribió a la propia comisaria para exigir que haya esta investigación «exhaustiva e independiente», una vez totalmente desprestigiada la que elaboró la CIAF.

El escrito, con cuatro preguntas dirigido a Bulc, subraya que tanto el Gobierno como la propia CIAF afirmaron, tras la visita de la comisaria a Madrid, que no van a reabrir la investigación. También recuerda que la agencia europea dejó claro que no se cumplió la directiva de seguridad ferroviaria. Así, las víctimas preguntan qué medidas tomará la comisión ante este «incumplimiento» de la normativa europea y la «grave vulneración de los derechos de las víctimas y los ciudadanos europeos» en un asunto «tan importante».