Un tercio de los 60.000 elevadores de Galicia tienen tecnologías desfasadas
10 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Al ya conocido problema de la Galicia envejecida, con todas sus implicaciones socioeconómicas, se suma un parque de viviendas que, a pesar del bum inmobiliario, también se ha hecho inevitablemente mayor y que también tiene sus achaques. La consecuencia directa es que en la comunidad están instalados unos 60.000 ascensores, de los que un tercio -sobre 20.000- tienen tecnologías muy desfasadas que, sin llegar a comprometer seriamente la seguridad gracias a las revisiones obligatorias, sí están muy lejos de la comodidad, rapidez y eficiencia energética de los nuevos modelos, que rebajan sensiblemente las facturas eléctricas de las siempre complejas comunidades de vecinos.
El problema también ha sido detectado por el radar de la Consellería de Economía, que en los últimos tres ejercicios ha lanzado sendas convocatorias con importantes ayudas económicas para animar la sustitución de los elevadores y de su maquinaria, con un plan similar al de sustitución de ventanas que hace solo una semana hizo volar en tan solo noventa minutos un millón y medio de euros públicos. El cronómetro para activar las subvenciones para sustituir ascensores se activó el pasado martes, y aunque no existió el furor rehabilitador que despertaron las carpinterías exteriores, lo cierto es que los 700.000 euros aportados por la Xunta también se adjudicaron en una sola mañana.
A través de las empresas instaladoras adheridas al plan, la Xunta recibió en pocas horas un centenar de solicitudes para tener este mismo año unos ascensores más seguros y ahorradores. De nuevo se producía un movimiento sin precedentes para conseguir una ayuda que se concede por orden de petición y siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la Administración, que no tienen demasiados recovecos ni trabas.
Extrañados en la Xunta
El propio presidente Feijoo, que suele anunciar este tipo de iniciativas tras el Consello da Xunta en el que se aprueban, desveló ayer que el departamento de Economía abrió una investigación para comprobar que en la primera convocatoria para las ventanas «estaba todo en orde» y no había solicitudes masivas, como así se certificó. Sin embargo, en el caso de los ascensores prefieren rebajar la euforia, porque es conveniente que exista una buena reserva de peticiones por cuanto es habitual que algunos de los solicitantes se echen finalmente atrás al tratarse de una decisión que deben tomar las comunidades de vecinos. Por ello, desde el departamento dirigido por Francisco Conde invitaban a las empresas y a las comunidades a seguir dejando constancia de la solicitud, porque la lista de beneficiarios puede corren con dinamismo y además no se puede descartar que exista una nueva convocatoria a lo largo del año.
Ampliación de partidas
«No sería la primera vez que se amplían las partidas económicas», recuerda Ángeles Ríos, presidenta de la asociación empresarial gallega de ascensores (AEGA), quien certifica el «éxito» de este tipo de de ayudas que, aunque «insuficientes», sí dinamizan un sector que está instalando una media de mil nuevos ascensores en Galicia cada año. Lo mejor, sostiene, es que ya se trata de una iniciativa «recurrente» que se ha repetido con estabilidad en los primeros trimestres de los últimos ejercicios, lo que genera una expectativa entre las empresas y los consumidores, que planifican las intervenciones de un año para otro teniendo en cuenta el calendario.
El objetivo que se marca este plan y que tienen presente las empresas es reducir un 35 % el consumo energético de las instalaciones, lo que habitualmente supone renovar por completo la maquinaria. Además, con estas reformas se dan pasos para mejorar la seguridad, la velocidad y el confort de parada. Unos 1.200 hogares podrán percibir estos avances por la iniciativa pública, que a su vez genera una facturación en el sector de 1,7 millones de euros que difícilmente se movilizarían de no existir.
A la espera de posibles modificaciones futuras para darle más vuelo a la idea, las subvenciones del programa pueden alcanzar en la actualidad un 50 % del coste del proyecto, con 10.000 euros por ascensor y 20.000 en total por comunidad de vecinos, que tienen que estar despiertas para no perder los fondos porque deben justificar la ejecución de las obras antes del 15 de noviembre. Con todo, la demanda actual obliga a las empresas instaladoras a tener toda la documentación y el proyecto listo con mucho tiempo de antelación para poder plasmar los datos en el registro de la Xunta.
La primera subvención para arreglar instalaciones eléctricas solo llegará para 400 edificios
El Gobierno autonómico ha percibido la «alegría» y las ganas de abordar reformas entre los ciudadanos gallegos, que están atendiendo como nunca las convocatorias de ayudas directas sin concurrencia competitiva para mejorar sus hogares. La palabra la utilizó el presidente de la Xunta, que tras recordar el éxito de la convocatoria para sustituir ventanas y ascensores, presentó el Plan Renove de Instalacións Eléctricas, que lanza la Consellería de Economía.
En esta ocasión se reserva una partida de 800.000 euros que podrían suponer, con la aportación de particulares y comunidades de vecinos, una facturación cercana para el sector del montaje de unos 3,2 millones de euros. El plazo para la presentación de las solicitudes se abrirá en los próximos días a través del DOG, aunque las empresas colaboradoras, que canalizan las peticiones, pueden adherirse al plan entre el 16 y el 19 de marzo. Las solicitudes de ayudas para particulares será entre el 2 de mayo y el 1 de septiembre, salvo que, como es previsible, se agote antes el crédito, como está sucediendo con todas las convocatorias enmarcadas en el Plan Vivenda.
Requisitos
En el caso de las instalaciones eléctricas, las ayudas podrán alcanzar los 150 euros por punto de suministro, con un máximo de 3.000 euros por edificio o el 25 % del coste total de la instalación. La subvención solo será aplicable a edificios con más de 25 años de antigüedad y con dos o más viviendas, incluyendo la reforma de los enlaces -desde la caja general hasta los cuadros de los receptores-, la toma de tierra y los servicios generales. El objetivo último será mejorar la seguridad y la eficiencia energética de los 400 inmuebles a los que podrá llegar esta edición.
El censo de pisos desocupados de los bancos avanzará sin «imposicións», según Feijoo
La Administración autonómica quiere tener cuanto antes una cifra que se acerque con «transparencia» a la realidad de los pisos desocupados en Galicia. Para ello, según explicó el presidente de la Xunta, se han propiciado canales de la colaboración con propietarios, ayuntamientos y bancos. Estos últimos están obligados desde hace un año a incluir las propiedades vacías listas para habitar y ubicadas en localidades de más de 10.000 habitantes en el Censo de Vivendas Baleiras, que gestiona la Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Sin embargo, Alberto Núñez Feijoo ha querido restar presión sobre las entidades bancarias tras el encuentro mantenido esta misma semana entre la titular del departamento, Ethel Vázquez, y el presidente del Colexio de Rexistradores, con el objetivo de que este colectivo transmita información veraz de las propiedades en manos de Sareb (el llamado banco malo) y de las entidades que todavía poseen productos inmobiliarios, en muchos casos procedentes de embargos y desahucios. El presidente aclaró que el objetivo del Ejecutivo no es multar a los bancos en caso de ocultar propiedades -ya han declarado más de 2.600- sino de contrastar los datos reales y los que aparecen en los registros, y por ello incidió en que se trata de buscar la «colaboración» de los actores implicados y no de la «imposición» de medidas.
¿Qué es una vivienda vacía?
Tampoco abundó en lo que hará la Xunta cuando tenga avanzado el censo de pisos desocupados en la comunidad, por cuanto es necesario definir con absoluta claridad jurídica qué se entiende por una vivienda desocupada, una responsabilidad que corresponde al Gobierno central, que ya ha sido interpelado al respecto desde Galicia. En todo caso, la Administración autonómica tampoco tiene capacidad de recaudar por tener propiedades inmobiliarias sin uso, porque esa competencia la ejercen a través del IBI los ayuntamientos, que se han topado con la Justicia cuando han querido aplicar recargos a los propietarios. «Queremos que sexa unha opción interesante para todos, tamén para os titulares dos pisos», sentenció Feijoo.
Desde que se puso en marcha el censo, aprobado por el Gobierno autonómico hace un año, la Xunta ya ha alojado a 72 familias que pasaban por dificultades económicas en los municipios adheridos al plan, que de momento son 39.