La Xunta analiza la carga de trabajo de sus funcionarios para «repartirla mejor»
GALICIA
Hará cambios de personal en departamentos según los resultados de un estudio para tratar de corregir las situaciones más llamativas
07 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Más allá de los tópicos y los sambenitos, la carga de trabajo de los funcionarios es un tema de alta sensibilidad dentro y fuera de la Administración. En el caso de la Xunta de Galicia, la mochila no es igual de pesada en unos departamentos como en otros, y en los últimos años se han alterado los equilibrios entre la demanda y la fuerza de trabajo real de los empleados públicos adscritos a la Administración general, cuyos departamentos serán sometidos a un exhaustivo estudio para tratar de corregir las situaciones más llamativas.
Aunque todo se fía a ese informe final, de alguna manera la Xunta admite previamente esos desajustes, arrastrados desde hace años: el tsunami de la crisis hizo pendular la carga laboral, y los recortes no tuvieron el mismo efecto en todos los negociados. Pero, sobre todo, en los últimos años se dieron pasos decididos hacia la digitalización administrativa, con la aparición de nuevas herramientas y una relación distinta con el ciudadano.
La Xunta cuenta en la actualidad con 86.818 empleados, de los que 16.025 trabajan para los servicios generales y el resto se reparten entre Sanidade, Educación y Xustiza. El gabinete de Vicepresidencia será el conejillo de indias de esta experiencia tras la aprobación del estudio piloto, que irá en breve al Consello da Xunta. Los primeros resultados relativos al departamento que dirige Alfonso Rueda -impulsor del análisis- se conocerán en unos tres meses, y una vez salgan a la luz se establecerán una serie de propuestas o recomendaciones que tendrán carácter informativo y no vinculante, y que serán remitidos a los responsables directivos.
La iniciativa, que bien podría revolver el ambiente laboral en las dependencias autonómicas, ha caído de pie entre las organizaciones sindicales, que consideran constructivo cualquier paso que se dé hacia una mejor organización. No obstante, centrales como CSIF esperan una información más detallada, y confían en que los gestores de la Xunta recuerden el fin último de una Administración, «que é prestar un servizo, e canto maior sexa a calidade, mellor», por tanto reclaman que no se establezcan parámetros más propios de las empresas privadas y de la productividad en busca de un beneficio económico.
Desde CC. OO. también confían en recibir más información, ya no tanto de las intenciones del análisis, cuyo espíritu se ha trasladado a los representantes laborales, como de las consecuencias prácticas, «porque mover funcionarios non sempre é doado». Y también confían en que el estudio permita detectar aquellos servicios que han externalizado trabajos a través de convenios y otros instrumentos y en los que la carga laboral está distorsionada. Las centrales quieren estar presentes en el proceso por cuanto creen que tendrá efectos directos sobre las condiciones laborales y los próximos ajustes de plantilla, y reclaman que se vaya más allá de los análisis cuantitativos de datos. En concreto, UGT ya había solicitado este tipo de estudios, pero todavía ve «con pinzas» las posibles consecuencias que pueda acarrear.
Los informes correrán a cargo del personal de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa y el objetivo de los mismos es, precisamente, limitar al máximo las contrataciones externas, ajustando los cuadros de personal y los gastos de los departamentos y, al mismo tiempo, evitar que haya personal que se sienta «infrautilizado e desmotivado» o que soporte una sobrecarga de trabajo, con sus consecuencias.
La metodología que seguirán los coordinadores del estudio consiste en determinar la carga que existe en las unidades administrativas, teniendo en cuenta todos los procedimientos y actividades significativas que estas gestionan a lo largo de un año natural. El objetivo es encontrar un estándar de trabajo, entendido como el resultado que puede alcanzar un empleado público con la debida experiencia y a un ritmo «normal», en las condiciones correctas y un método «ben definido».
Los terrenos de actuación serán los servicios centrales de cada consellería, los servicios periféricos que dependen de las jefaturas territoriales y ocho organismos públicos que todavía no han trascendido, y los resultados se remitirán a cada ámbito, esto es, en teoría esos resultados y los posibles redimensionamientos estarán restringidos. En caso de generar una movilidad excesiva, la crisis con los sindicatos estaría servida.