La Xunta dice ahora que su intención es convocar las oposiciones en un mes

d. sampedro / T. Montero SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

miguel souto

El conselleiro de Educación insiste en supeditar la oferta al Presupuesto del Estado

04 mar 2017 . Actualizado a las 10:00 h.

Si las cosas siguen su curso, las oposiciones a la Xunta se convocarán en el plazo de un mes. El Gobierno gallego mantiene ahora que ese es el calendario con el que está trabajando en varios frentes para sacar adelante la oferta pública de empleo del 2017, que contendría 1.043 plazas para la educación y de 820 más para el ámbito sanitario. «Temos que esperar un prazo aproximado de unhas catro semanas», manifestó ayer José María Barreiro, director xeral de Función Pública, para convocar el proceso con plenas garantías jurídicas.

Barreiro compareció ante la comisión Institucional del Parlamento para responder a una pregunta del nacionalista Luís Bará relacionada con los procesos selectivos de la Xunta. El diputado del BNG animó al Ejecutivo autonómico a sacar adelante la oferta de empleo «porque nós entendemos que a Xunta ten capacidade -remarcó- para facer este tipo de convocatorias».

En una tarea, en todo caso, que «xa está preparando» la Administración autonómica, contestó el director xeral de Función Pública, quien añadió que su departamento está negociando «un aumento da tasa de reposición» e con los sindicatos, el Gobierno y los grupos parlamentarios, de modo que, una vez perfilado, Galicia fijará un número de plazas con las que se intentará «aproveitar ao máximo» la oferta para «reducir a temporalidade».

Ahora bien, José María Barreiro también puso por delante la conveniencia de publicar la oferta «con todas as garantías» para que no sea recurrida por el Estado. «O que non podemos é facela e que se recurra e que logo se suspenda e se anule», esgrimió.

También el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, volvió ayer a aludir a este asunto y lo hizo manteniendo el discurso de los días pasados. El Gobierno gallego ha dado «todos os pasos» necesarios para convocar la oferta pública de empleo dirigida al personal docente, pero insistió en que es necesario «ter a certeza xurídica» para este proceso, que en su opinión solo lo puede garantizar sin problemas la aprobación de un marco presupuestario a nivel de Estado.

Es más, Román Rodríguez mantuvo las fechas orientativas manejadas por anterioridad, esperando tener una solución hacia «mediados de abril».

El paquete anunciado es de 3.000 plazas, 1.043 para la enseñanza

La falta de aprobación de Presupuestos Generales del Estado mantiene bloqueada una oferta pública de empleo que en Galicia está compuesta por un total de 3.000 plazas. Fueron las anunciadas por el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, a principios de año, cuando los Orzamentos iniciaban la tramitación parlamentaria. De ellas, 1.043 son del ámbito educativo, el 100 % de la tasa de reposición. De convocarse finalmente -el plazo máximo es mediados de abril- en septiembre habría 912 nuevos funcionarios, ya que son las plazas de nuevo ingreso que prevé sacar educación, ya que las otras 131 son de promoción interna. En sanidad hay anunciadas 820 plazas, una cifra que podría doblarse si finalmente no hay límite de reposición de plazas.

En Marea y PSdeG defienden que ya existe seguridad jurídica para hacer el concurso

Los grupos parlamentarios de En Marea y el PSdeG salieron ayer al paso de las dudas planteadas por la Xunta para sacar adelante las oferta pública de empleo para el 2017, y coincidieron en señalar que las oposiciones se pueden hacer con plenas garantías, pues existe ya seguridad jurídicas ateniéndose a las normas que hay estabilidad.

El viceportavoz del PSdeG, Luís Álvarez, manifestó que «o único que falta é vontade», como hicieron ya Cantabria y el País Vasco. «Si estamos en despegue económico e con todos os números en verde», dijo, lo «razoable» sería que se convocaran oposiciones para volver al escenario anterior a la crisis.

Por su parte, Luís Villares, portavoz de En Marea, también entiende que «existe a posibilidad» de convocar la oferta «sen ningún tipo de inseguridade». En su opinión, el Gobierno gallego «non o fai porque non quere», pero no porque no pueda.