El bloqueo de las oposiciones elevará un 30 % la tasa de profesores interinos

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Actualmente el 10 % de los docentes no tienen plaza, y esta cifra subirá al 13 %

26 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El hecho de que no se convoquen oposiciones en educación no evita que los profesores se jubilen. Según los cálculos de los sindicatos, lo harán entre 950 y 1.100 docentes, por lo que sus plazas, al no haber oferta de empleo si no hay Presupuestos Generales del Estado, serán cubiertas por personal temporal. Esto se traduce en un aumento de la tasa de interinidad, que pasará del 10 % actual a un 13 %, tal y como calcula ANPE, es decir, un 30 % más.

La plantilla de la enseñanza no universitaria pública es de 30.269 docentes. Esa es la cifra que publicó la Consellería de Educación en el inicio de este curso, por lo que las más de mil jubilaciones se traducen en tres puntos más de interinidad si no hay oposiciones. No quiere decir que Galicia sea una comunidad con una cifra muy alta de temporalidad en los colegios e institutos públicos. Al contrario, siempre fue de las más bajas. No obstante, lejos queda el 4,6 % de interinos que había en la etapa precrisis, y que se duplicó durante los años de recesión.

Para reducir esta cifra no basta con convocar el 100 % de las vacantes por jubilación -que simplemente mantiene los mismos porcentajes al sustituir plazas fijas por plazas fijas-, sino sobrepasar este cien por cien, algo que no se ha hecho desde antes de la crisis.

El millar de plazas anunciadas por el conselleiro de Educación, y que ahora penden de un hilo, devolvía la esperanza a miles de opositores que llevaban desde el año 2010 viendo cómo las ofertas de empleo eran pequeñas y nunca llegaban al cien por cien de las jubilaciones. El 2010 fue el último ejercicio con un número de puestos considerable (967) y a partir de ahí las cifras bajaron a 268 (2011), 200 (2013) y 117 (2014). En el año 2012 ni siquiera se convocaron. El Gobierno central imponía una tasa de reposición no superior al 10 %, lo que implicaba que por cada diez profesores que se jubilasen solo podía convocarse un puesto fijo.

En el 2015 esta tasa se elevó al 50 % y hubo 432 plazas, mientras que el año pasado se recuperó el 100 % y por lo tanto se convocaron 1.112 puestos, una cifra similar a la que se anunció este año, ahora condicionada por lo que decida el Ministerio de Hacienda. Lejos queda el 2007, con 3.125 plazas en una sola oferta de empleo.

El Gobierno anuló la oferta andaluza en el 2012, con elevada presencia gallega

En el año 2012 Galicia no convocó oposiciones de educación. Era la primera vez desde al menos ocho años. Pero sí lo hizo Andalucía, con una oferta de casi 2.400 plazas. Y allá planearon irse muchos gallegos, que pagaron religiosamente las tasas para participar en el proceso selectivo. Un total de 33.154 docentes de toda España se inscribieron en esa convocatoria, cuando el Estado había fijado una tasa de reposición no superior al 10 %, porcentaje que no cumplía la oferta andaluza.

Al final, la «osadía» de la Junta se tradujo en una decepción para más de treinta mil profesores, que vieron cómo el Gobierno anulaba las oposiciones. Hubo que devolver el dinero de las tasas y el Tribunal Constitucional le dio hace solo unos meses la razón al Gobierno central.

Educación sigue trabajando a la espera de una solución

La Consellería de Educación, que mantiene su convocatoria de mesa sectorial con los sindicatos el próximo jueves para negociar la oferta de empleo público, había anunciado ya que se superaría el millar de plazas, e incluso desgranó en qué especialidades habría puestos. No obstante, y aunque por seguridad jurídica las oposiciones están en suspenso, sigue trabajando internamente en el procedimiento selectivo, para que no haya problemas ni retrasos en el caso de que se desbloquee la convocatoria.

La falta de Presupuestos Generales del Estado está detrás de esta paralización, aunque el ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, apuntó el pasado viernes una alternativa, que pasaría por un decreto. Y las comunidades han optado por respuestas muy diferentes ante esta situación. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Navarra, La Rioja, Extremadura, Valencia o Aragón decidieron aplazarlas. Otras como el País Vasco, Cantabria o Andalucía seguirán adelante.