Los alcaldes consideran que lo que acaba de hacer el ministerio es disminuir la presión sobre los consistorios, pero sin reconocer su error
04 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El poder municipal considera al Ministerio de Hacienda como uno de los mayores peligros que acechan su gestión. Los alcaldes no estuvieron de acuerdo con el techo de gasto que les impuso Cristóbal Montoro; tampoco concordaron con sus cálculos de los plazos de pago a los proveedores; con el recorte en el acceso a los fondos Feder para las diputaciones; con el bloqueo de los fondos públicos a los que no presenten a tiempo sus cuentas; con la norma que les dejaba sin la posibilidad de prestar servicios sociales a sus convecinos, y tampoco con la obligación, ahora matizada, de que deben contratar un tesorero de carrera para conseguir un control de sus cajas que el ministro, por pasiva, estima no suficientemente eficiente.
La desconfianza se ha hecho mutua y los alcaldes no saben a qué atenerse cuando ahora Hacienda asegura que la Ley de Racionalización de la Administración Local no obliga a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes a contar con tesorero de carrera, o que los de entre 5.000 y 20.000 pueden seguir tirando de funcionarios locales para, de forma «accidental o interina», librarse de la obligación de cubrir el puesto con un profesional que haya aprobado las oposiciones al cuerpo a nivel nacional.
Alcaldes y colegios profesionales consideran que la relectura que hace Hacienda de su propia norma no está recogida en la ley, y que en realidad lo que acaba de hacer el ministerio es disminuir la presión sobre los consistorios, pero sin reconocer su error. Un error causado por el hecho de que en España no hay 8.125 tesoreros de carrera con los que cubrir el mismo número de plazas en todos los ayuntamientos. Un error generado también porque es el propio Gobierno el que lleva cinco años sin convocar las oposiciones a tesorero de habilitación nacional. Y un error porque mientras Hacienda insta a los consistorios a generar menos déficit, les hace gastar a cada uno 60.000 euros más al año para pagar al tesorero requerido.
La ley de los tesoreros se aprobó en el 2013 y la congeló el Gobierno en el 2014, 2015 y 2016. Por algo sería. No se hizo lo mismo en el 2017 porque dicha medida solo se puede tomar como ley de acompañamiento a unos Presupuestos Generales que aún no existen. Error tras error, pues, al construirse normas sobre los cimientos de la desconfianza y la falta de diálogo con los alcaldes y los colegios profesionales.