Hacienda rectifica y anula su orden de que todos los concellos cuenten con tesoreros de carrera
GALICIA
Los funcionarios que ejercían dicha función podrán continuar y evitar bloqueos de pagos como el de Sarria
03 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El conflicto generado en Sarria con el bloqueo de sus pagos por carecer de tesorero de carrera, como exige a todos los ayuntamientos el Ministerio de Hacienda, ha hecho recapacitar y dar marcha atrás al ministro Cristóbal Montoro. El responsable de Administraciones Públicas decidió ayer rectificar y dejar sin efecto su orden para permitir que los consistorios de menos de 20.000 habitantes que carecen de dicho técnico de habilitación nacional puedan seguir operando para dichas funciones con los funcionarios municipales que hiciesen esas tareas anteriormente.
En una circular remitida a todas los Gobiernos autonómicos, Hacienda indica ahora que los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes, como el caso de Sarria, no tendrán la obligación de crear la plaza de tesorero de carrera, como se ordenaba en la Ley de Racionalización de la Administración Local aprobada en el 2013, aunque paralizada en lo que afecta a dichos técnicos encargados de las arcas municipales hasta el pasado 1 de enero. El ministerio añadió también en la instrucción enviada ayer que los pequeños ayuntamientos, los de menos de 5.000 residentes, podrán echar mano para dotarse de un tesorero de cualquier otro habilitado nacional, como son los secretarios e interventores. También permitirá que varios ayuntamientos se unan mediante la agrupación de municipios para convertirse, solo en lo que respecta a las funciones de tesorería, en unidades de 20.000 habitantes. Requerir la asistencia de las diputaciones es la tercera opción que ahora otorga Montoro, después de que tanto las asociaciones de municipios como Gobiernos autonómicos como el gallego o los colegios profesionales se manifestasen contra la orden de Hacienda y recordasen que ni hay tesoreros de carrera habilitados suficientes en España ni los pequeños consistorios pueden afrontar el gasto que dicho puesto supone, unos 60.000 euros al año.