La Xunta descarta por «ilegal» bajar la jornada semanal de 37,5 a 35 horas

Ni se lo plantea ni lo valora. Simplemente no está sobre la mesa porque es «ilegal». Es la respuesta de la Consellería de Facenda a si cabría la posibilidad de que Galicia siguiese los pasos de Andalucía e implantase la jornada laboral de 35 horas semanas entre los empleados públicos. No ha lugar a la discusión porque es una normativa básica del Estado «de obrigado cumprimento» la que regula la jornada de los funcionarios, que en la actualidad es de 37,5 horas. Así que, a pesar de que los sindicatos hablan al unísono cuando solicitan que la comunidad siga los pasos de Andalucía e implante la jornada de 35 horas, este cambio parece casi imposible. «Trátase de repoñer unha situación na que estabamos antes dos recortes». Lo explica Carmen Santasmarinas, de la CIG, que también reconoce que el problema está en «a lexislación estatal» y poco hay que hacer. Pero insisten cada vez que se sientan en las mesas de negociación, porque creen que uno de los efectos de haber aumentado las horas de trabajo ha sido «a destrución de emprego», especialmente entre aquellos sectores en los que hay turnos, como el personal sanitario.

CC. OO. comparte el argumento, pero prefiere mostrarlo desde la visión optimista. «Vímolo demandando dende hai moito», subraya Emilio Dafonte, que nombra dos grandes ventajas de la reducción de la jornada: favorece la conciliación familiar y laboral y «contribúe a repartir o traballo» sin «afectar á calidade e cantidade de servizos públicos». El representante de Comisiones va más allá y cree que este paso tendría que haberse dado hace tiempo. «Nun momento de tantas dificultades e con taxas de desemprego tan altas a Administración debera ter sido a primeira en facer un exercicio de responsabilidade repartindo emprego público». ¿Por qué no lo hace? Reducir la jornada significa aumentar los puestos de trabajo. Mientras los sindicatos lo ven como una inversión y un incentivo, la Administración lo ve «como un gasto e non como un investimento en calidade de vida».

A la calidad de vida para los trabajadores se refiere también José Francisco Méndez, de CSI-F. «É unha medida que hai que implantar en todas as Administracións públicas», afirma con contundencia. Sería sencillo en los ámbitos de la Administración general, la Justicia y la enseñanza, y más complicado entre los trabajadores sanitarios, «que á vez é o sector máis feminizado e que traballa en condicións máis duras», dice Méndez. «Non podemos ter mulleres de 60, 62 ou 65 anos traballando mañás, tardes e noites e tamén sábados e domingos». CSI-F señala el aumento de la jornada laboral de los empleados públicos y la limitación de la tasa de reposición en vigor en los últimos años como la causa de la precarización laboral del empleado público.

De recortes habla también Irene Martínez, de UGT, que se queja de que, mientras en Valencia y en Andalucía se han establecido marcos de negociación y acuerdos de recuperación de derechos laborales, «en Galicia non se arbitrou unha negociación real nin de recuperación de dereitos nin de poder adquisitivo».

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