El juez no descarta pedir un informe sobre las causas del accidente a este órgano, muy crítico con la investigación realizada hasta ahora
13 ene 2017 . Actualizado a las 18:41 h.La Agencia Ferroviaria Europea recibirá de nuevo a las víctimas del accidente del Alvia, el próximo 25 de enero, un día después de que estas expongan ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo sus denuncias contra el Estado español por incumplimiento de la normativa de seguridad y publicidad engañosa.
Como en las dos anteriores ocasiones, se repetirán los actores de este encuentro, «clave» para la plataforma de afectados en su objetivo de que se sepa «toda la verdad» sobre las causas de un siniestro que acabó con la vida de 80 personas y causó lesiones a más de un centenar a los pies del barrio compostelano de Angrois. Así, en la cita, Jesús Domínguez, Rogelio Bernardo y Teresa Gómez-Limón (miembros de la asociación), acompañados de la representante del BNG en Europa, Ana Miranda -impulsora de esta reunión y de las precedentes-, se volverán a ver las caras con el director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer, y los máximos responsables de seguridad de este ente europeo.
Un ente, la Agencia Ferroviaria Europea, que emitió un informe muy crítico con la investigación realizada por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), órgano adscrito al Ministerio de Fomento y que únicamente atribuye la tragedia al «exceso de velocidad del tren» y la «falta de atención» del maquinista al responder una llamada telefónica.
El maquinista es ahora el único imputado en la causa, pero durante la investigación judicial, reabierta por la Audiencia Provincial de A Coruña para dilucidar si Adif y Renfe desarrollaron correctamente la evaluación integral de riesgos en la línea Ourense-Santiago, llegaron a estarlo altos cargos del administrador de infraestructuras ferroviarios.
Esperanzas en Europa
El informe que sostiene que la investigación de Angrois no fue independiente y faltan «elementos clave» fue trasladado a las víctimas en Bruselas en julio del 2016, después de que en noviembre del 2015 los responsables de la dirección general de transporte de la Comisión Europea (DG Move) y miembros de la agencia ferroviaria se comprometiesen a estudiar su caso.
El descarrilamiento ocurrió el 24 de julio del 2013, hace ahora ya tres años y medio, y los afectados y sus familiares no han cejado en sus demandas desde entonces, con las mayores esperanzas puestas ahora en la actuación de Europa. De hecho, reivindican que, en parte por su presión, ahora mismo el juez Andrés Lago -segundo instructor, después de Luis Aláez- no descarta hacer caso a su reclamación (coincidente con la del fiscal y la del abogado del maquinista) de pedir un nuevo informe a la Agencia Ferroviaria Europea.
La idea es que sea este órgano especializado el que dictamine sobre el análisis de riesgos en la línea y, en concreto, en la curva de A Grandeira, un punto del tramo Ourense-Santiago en el que el tren debe reducir la velocidad de unos 200 kilómetros por hora a unos 80, y en el que no estaba instalado el sistema de control del frenado ERTMS.
Así las cosas, en este escenario, el martes 24 y el miércoles 25 se presentan como dos nuevas fechas importantes para la resolución del caso por el accidente del Alvia. Apenas dos días después, el 27, acaba el plazo para que los peritos aporten al magistrado nuevos estudios sobre el análisis de riesgo.
Día 24
El 24 la jornada empezará a las 11.40 horas en la comisión de peticiones de la Eurocámara, adonde llegaron las denuncias de los afectados de la mano del BNG a través del grupo de los Los Verdes/Alianza Libre Europea. Allí empezará tomando la palabra la presidenta de la comisión de peticiones, para dar paso a un miembro de la Comisión Europea -se trata de un órgano de control al Ejecutivo-.
Este miembro será Josef Doppelbauer, a quien seguirán los grupos parlamentarios y, a continuación, diputados libres. Josep Maria Terricabras y Tatiana Zhdanok (ambos de Los Verdes/ALE) defenderán la tesis de que en Angrois hay más responsabilidades por depurar que el error del maquinista, y solicitarán que la Agencia Ferroviaria Europea comparezca en el procedimiento del que se encarga el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.
Después ya les tocará hablar a los peticionarios: Jesús Domínguez se ocupará de exponer la denuncia por incumplimiento de la normativa europea de seguridad y Teresa Gómez-Limón hará lo propio con el supuesto delito de publicidad engañosa (la línea se vendió en su día como de alta velocidad pero las víctimas critican que no tenía las prestaciones necesarias para ello, por la ausencia de ERTMS, entre otras cuestiones).
Aunque no es habitual su utilización, Doppelbauer podrá entonces volver a intervenir, y ese mismo día se resolverá sobre si las denuncias siguen su curso.