«Non son capaz de dicirlle á miña filla con Down que non pode ir votar»

Tamara Montero
tamara montero SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

MARCOS CREO

El Constitucional evita pronunciarse sobre el caso. La familia de Mara anuncia que apelará a Estrasburgo

29 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

«Eu xa non sei como definilo», dice Mar Caamaño. Pero utiliza varias veces la palabra despropósito. Despropósito le parece la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir un recurso sobre el caso de su hija, Mara, a la que cuando se incapacitó parcialmente también se le retiró el derecho al voto porque la forense consideró «que non entendía o sistema político español». Despropósito le parece también que una de las magistradas haya emitido un voto particular defendiendo la necesidad de que el Constitucional se pronuncie sobre el asunto y preguntándose qué ocurriría si todo el cuerpo electoral se sometiese al mismo examen de conocimientos que ha hecho Mara: «Probablemente, bajo ese mismo rasero, serían muchas las personas con derecho a voto no discapacitadas que no podrían votar», dice la magistrada Adela Asúa.

Despropósito e incoherencia -el otro término que utiliza Mar Caamaño para calificar la decisión del Constitucional- que llega hasta el extremo de que Mara podría presentarse a unas elecciones, pero no votar. «No se han pronunciado sobre ese derecho», aclara su abogada, Lourdes González. Así que podría concurrir a unos comicios «pero no votar por ella ni por nadie».

«Nós imos ir a Estrasburgo ¿eh?», avisa Mar Caamaño. Porque no han llegado hasta aquí para rendirse. Lo hacen por Mara, que tiene síndrome de Down, «por quen loitamos», pero también por las cien mil personas a las que en España se les ha retirado el derecho al voto por la misma circunstancia. «Esas persoas tamén teñen que saír á luz». Lo corrobora su abogada, que explica que la del tribunal europeo es la única vía vinculante que les queda para que esta joven recobre un derecho, el de votar, que ha ejercido con normalidad hasta las últimas autonómicas, celebradas el 25 de septiembre. «Eu non son capaz de dicirlle nas próximas eleccións: ¿Non podes ir votar porque te retiraron do censo electoral?», explica su madre, que dice que con esta decisión «pasa a ser unha cidadá de segunda categoría» y se le retira un derecho «que aos nosos pais e aos nosos avós lles custou tanto».

La familia de Mara no lo entiende. Mara tampoco, que solo pregunta por qué ya no puede votar. Y tampoco lo entienden las asociaciones de personas con discapacidad, que califican de «inconcibible» la decisión que se ha tomado con esta joven. «É unha sorpresa que a estas alturas de século sigan pasando cousas como esta», dice el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto. Perplejo también se ha quedado el vicesecretario popular Javier Maroto, que ha afirmado que el Constitucional en ocasiones «sale por peteneras» y que no está de acuerdo con una situación que permite a alguien presentarse pero no votar.

«Bajo ese rasero serían muchas las personas no discapacitadas que no podrían votar»

La decisión del Constitucional de no admitir un recurso de amparo presentado por el fiscal para que emitiese doctrina sobre el derecho de las personas con discapacidad a ejercer el voto va acompañado de un voto particular emitido por la magistrada Adela Asúa, que sí cree que el alto tribunal debería tomar una decisión sobre una cuestión que considera «va más allá del caso concreto, por afectar a un importante colectivo en situación de especial vulnerabilidad por razón de su discapacidad, que se ve privado de la posibilidad de ejercer un derecho fundamental tan básico». Ese colectivo, según datos aportados por el fiscal, que cita a la Junta Electoral, se compone de casi cien mil personas. Ese dato también lo cita Asúa en su voto particular, en el que pone sobre la mesa la posible discriminación de retirar el derecho al voto a una persona después de someterla a una prueba de conocimiento sobre el sistema político y electoral: «¿Qué pasaría si se sometiera a todo el cuerpo electoral a ese examen de conocimiento sobre nuestro sistema político y electoral? Probablemente, bajo ese mismo rasero, serían muchas las personas con derecho a voto no discapacitadas que no podrían votar», vaticina la magistrada.