El Gobierno y la Xunta empezarán en enero la gestión compartida de la AP-9

Mario Beramendi Álvarez
Mario Beramendi SANTIAGO / LA VOZ

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El Estado asumirá los 6 millones que pagaba la Xunta por liberar los peajes de Rande y A Barcala

06 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El Parlamento gallego acordó a finales del pasado mes de septiembre pedir a la Administración central el traspaso de las competencias sobre la AP-9, una infraestructura titularidad del Estado y en el punto de mira de la sociedad gallega por sus deficientes servicios y su elevado coste en peajes. Sin embargo, el Ministerio de Fomento, titular de la autopista, no cede. En contrapartida, ha decidido compartir la gestión de la infraestructura con la Xunta a través de la creación de una comisión bilateral, que arrancará ya en enero. Este es el resultado de la primera reunión mantenida por el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijoo, y el nuevo ministro, recién estrenado en el cargo, Íñigo de la Serna, que ayer visitó Galicia.

«La Xunta entiende que la funcionalidad es francamente mejorable. Comparto que considere que hay cuestiones que podemos y debemos mejorar; y debemos hacerlo juntos. Ese es el compromiso: que nos coordinemos, que las decisiones se tomen desde la lealtad y de forma compartida», dijo en su comparecencia el responsable de la cartera de Fomento.

Un paso inédito

Feijoo entiende que este es un avance «histórico», que permitirá que, por vez primera, las decisiones se consensúen con Galicia, y pese a mostrar su satisfacción en público por el paso dado, anunció que la Xunta seguirá «reclamando la transferencia» de la AP-9. Una infraestructura titularidad de Fomento, pero explotada en régimen de concesión hasta el 2048 por una filial del grupo Itínere, controlada a su vez por el fondo de inversión estadounidense Corsair Capital. Esta comisión bilateral, que tanto la Xunta como Fomento creen que permitirá progresar en la gestión, arrancará su funcionamiento en enero, con un calendario trimestral de reuniones, que servirán, según el ministro, para tomar «decisiones ejecutivas». En ella, por parte de la Xunta, estará la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y, representando a Fomento, el secretario de Estado, Julio Gómez-Pomar.

En la agenda del primer encuentro estará una demanda de las Administración gallega que Fomento entiende como «lógica», y es la licitación de los accesos desde la autopista a la Ciudad de la Cultura, un paso que tendrá que concretarse en los próximos presupuestos del Estado.

También se abordará la bonificación por liberar los peajes de Rande y A Barcala, un coste que asumen ahora de forma conjunta la Administración central y autonómica y que, según lo anunciado ayer por el ministro, pasará a sufragar totalmente Fomento. En los últimos años, Galicia ha gastado en estas bonificaciones de una autopista titularidad del Estado más de 50 millones de euros, a razón de 6 millones por ejercicio, tal y como recordó el presidente gallego en presencia del nuevo ministro.

El acuerdo alcanzado ayer por Feijoo y De la Serna no tiene precedentes en España, donde no hay ninguna autopista en régimen de gestión compartida entre el Estado y una comunidad autónoma. En cambio, sí existen precedentes de autopistas estatales que fueron transferidas a las comunidades del País Vasco y Cataluña.

En el punto de mira están los servicios, la iluminación de algunos tramos o los baches. Y todo lo relativo a los precios y eventuales descuentos. Galicia es una de las pocas autonomías que no cuenta con tarifas horarias en sus autopistas. En este nuevo escenario, la Xunta tendrá potestad para proponer asuntos directamente a la concesionaria, sin necesidad de remitir cartas e informes a Fomento para lograr mejoras.

A finales del pasado mes de noviembre, en una comparecencia en la Cámara gallega para contestar a la oposición, Feijoo insistía en que seguiría pidiendo el traspaso de las competencias, aunque advertía que no llegaría «en pouco tempo». El ministro de Fomento fue ayer claro en su comparecencia sobre su negativa a desprenderse de la autopista.

El debate abierto sobre las competencias de la AP-9 ha alimentado en la sociedad la expectativa sobre una vía sin peajes, pero Feijoo ya advirtió hace poco que ese es un escenario «extremadamente difícil». Un sueño al que Fomento puso precio tras las elecciones gallegas, y cifró en más de 4.300 millones de euros, es decir, poco menos que el presupuesto autonómico.

El anuncio de la creación de un órgano bilateral al más alto nivel para que el Gobierno central y la Xunta decidan de forma conjunta sobre la AP-9 desencadenó una cascada de reacciones políticas. El portavoz del PSdeG en la Cámara gallega, Xaquín Fernández Leiceaga, reconoció que la asunción por parte del Estado de los peajes bonificados sí es un avance, pero advirtió que la comisión bilateral para decidir sobre la autopista no resuelve la demanda del Parlamento gallego. «Aí non pode dicirse que hai ningún paso porque o mandado da Cámara galega é claro e só se resolve levantando o veto do Congreso», puntualizó el diputado socialista.

Por su parte, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, sostuvo que el resultado de la reunión entre Feijoo y el nuevo ministro de Fomento evidencia la falta de peso político del jefe del Ejecutivo gallego. «Feijoo debe facer valer o acordo unánime sobre a transferencia da AP-9 e deixar de exercer como un delegado do Goberno en Galicia», criticó el diputado y magistrado en excedencia.

Críticas del BNG

Ana Pontón, portavoz nacionalista, acusó al presidente gallego de dar «un paso atrás» y de romper «a unidade das forzas políticas» al aceptar el veto a la transferencia de la AP-9. «É unha pena que non aproveitara esta xuntanza para dicirlle ao ministro de Fomento que non entendemos desde Galicia como se pode dicir que hai miles de millóns de euros para rescatar unhas autoestradas absolutamente ruinosas, como as radiais madrileñas, e, ao mesmo tempo, se nos diga que non hai nin un só euro para rescatar aos galegos e as galegas dunhas peaxes totalmente abusivas», lamentó.