Condenado el guardia civil que desenfundó su arma en un bar de Ferrol y amenazó a los clientes

efe

GALICIA

CÉSAR TOIMIL

El agente cumplirá un año de cárcel por su comportamiento y por resistirse a los policías que lo arrestaron

03 dic 2016 . Actualizado a las 12:24 h.

El Supremo ha condenado a un año de cárcel por atentado contra la autoridad a un guardia civil que, estando de servicio y de uniforme, y totalmente borracho, desenfundó su arma en la terraza de un bar de Ferrol y amenazó primero a los clientes y luego a los policías que acudieron a arrestarlo.

Los hechos ocurrieron en enero del 2012. Tras provocar un revuelo en una de las cafeterías de la zona portuaria, ya con la pistola, quitando y colocando el cargador, llegó a la Cafetería Internacional Maristany. Allí el guardia desenfundó su arma, aunque no disparó en ningún momento ni preparó la pistola para hacerlo pasando una bala a la recámara.

Alarmados, los clientes llamaron a la Policía Nacional. Los agentes que acudieron se encontraron con la resistencia del guardia, que propinó un empujón a uno de ellos y luego luchó con todos los que trataron de someterlo, hasta el punto de que cayeron al suelo y sobre un coche que resultó dañado (el agente condenado deberá indemnizar con más de 500 euros a los propietarios del vehículo).

«Tras la detención, el acusado fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde se dirigió a uno de los agentes con expresiones del tipo... ya te veré por Ferrol o Narón y me enteraré de quién eres, te voy a romper la cara, te voy a romper los dientes y vas a comer papilla», según relata la sentencia. «No hay duda de la importancia del delito de atentado contra la autoridad y de su afectación a los ciudadanos, pero tampoco la hay de la grave afectación que supone para el crédito de la Institución de la Guardia Civil debe merecer para los ciudadanos», argumenta el tribunal sobre la conducta del guardia.

La pena impuesta, de este modo, persigue correctamente «un fin digno de protección» del bien común dado el daño que el comportamiento del reo ha causado al sistema de convivencia social, añade el Supremo antes de imponer la pena de un año de cárcel.