También proponen eliminar la dispensa que permite no declarar contra el cónyuge
09 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El aumento del número de jóvenes y adolescentes gallegos que maltratan a sus parejas sentimentales mantiene en alerta a las autoridades. Los fiscales ya han advertido del aumento de ese tipo de casos en los juzgados de Galicia, pero la preocupación se extiende a todos los sectores dedicados a la prevención del maltrato hacia la mujer. Ese fue uno de los asuntos debatidos en el sexto Congreso de Violencia Doméstica y de Género celebrado en Madrid, en el que se constató «la creciente incidencia de la violencia de género entre jóvenes y adolescentes».
Esa realidad está muy relacionada con el uso de las nuevas tecnologías y desde el Observatorio se considera «muy conveniente valerse de las redes sociales para llegar a las adolescentes que son víctimas potenciales». Se trata de «romper el silencio de las víctimas informándoles y asistiéndolas desde el primer momento y ayudándolas, acompañándolas, protegiéndolas y garantizándoles una ayuda integral».
El desarrollo de un sistema de protección integral de la mujer es la finalidad del Observatorio, que sugiere la ejecución de importantes modificaciones legislativas. En las conclusiones de su último congreso propone el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por violencia contra la mujer y la posibilidad de imponer la prisión permanente revisable en los casos de mayor gravedad. En la reunión, celebrada en el Senado, participaron representantes de la Xunta. El Observatorio es un órgano de análisis y seguimiento de la violencia contra la mujer que preside el Consejo General del Poder Judicial y que está formado por los ministerios de Justicia, del Interior, de Sanidad e Igualdad, por la Fiscalía General del Estado, y por las comunidades autónomas, así como por abogados y procuradores de toda España.
En el congreso de expertos en la lucha contra este tipo de violencia se abordó también la necesidad de suprimir la dispensa de la obligación de declarar contra el marido o pareja sentimental en los casos de maltrato. Es este uno de los asuntos más polémicos de los que fueron tratados en la reunión porque habría que modificar uno de los derechos principales, como es el que recoge el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que libera de la obligación de declarar a familiares directos de un procesado, entre los que se encuentran la pareja, los padres, los hijos y los hermanos.
Los promotores de estos planteamientos consideran que esas reformas legales supondrían un paso importante para «mejorar la protección de las víctimas de la violencia contra la mujer». Con el mismo objetivo se propone la eliminación de la atenuante de confesión para los delitos incluidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Es decir, que el hecho de que el agresor admita ante el juez ser el autor del delito de maltrato no signifique para él ningún tipo de beneficio a la hora de imponerle la pena.
Con abogado desde la denuncia
Ayudar a las víctimas «es el principal objetivo». Esta es la premisa del Observatorio, que plantea otra modificación legislativa para que las víctimas de un maltratador cuenten siempre con la asistencia de un abogado desde el momento en que presentan la denuncia. Se trata de que las mujeres estén asesoradas desde el principio, en uno de los momentos más delicados del largo proceso judicial que van a tener que atravesar por ser víctimas de la violencia machista.