Piden 12 años de cárcel para un director de banca por estafar 1,9 millones a 14 clientes
GALICIA
El grupo de afectados lo conforman vecinos de A Pobra que son pensionistas en su mayoría
17 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Catorce clientes, la mayoría pensionistas y «todos desconocedores del producto que contrataban» en la oficina de CaixaBank de A Pobra do Caramiñal, reclaman 1,9 millones de euros que invirtieron al adquirir productos ficticios, entre 1999 y 2011, guiados por la confianza que les generaba el entonces director de la oficina, F.J.O.G. Después de cinco años de investigación dirigida por la UCO -se bautizó Watergate- y de la instrucción del Juzgado número 3 de Ribeira, el caso encara su recta final al haberse fijado ya el inicio del juicio, que comenzará el 16 de enero y finalizará el 20 en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Las partes consultadas de la acusación particular, con al menos cinco letradas personadas, sostienen que algunos clientes no han recuperado todavía el dinero que perdieron «al adquirir productos financieros inexistentes sin contrapartida contable, o bien, con garantías de rendimientos en productos de inversión que carecen de tales coberturas, con el logotipo La Caixa para dar apariencia de documento oficial, y sin que conste la autorización de la entidad, realizando tales actos dispositivos en la creencia de los clientes de su validez y eficacia», tal y como expone la Fiscalía.
La caja de los truenos se abrió con las primeras reclamaciones de clientes, que comenzaron en mayo del 2011 coincidiendo con el despido del que había sido once años director de esta sucursal de A Pobra. Aquí se concentran la totalidad de los presuntos delitos, y tanto la tesis policial como la de las partes que forman la acusación particular y pública coinciden al señalar a F.J.O.G. como una persona que, «valiéndose de su cargo y aprovechándose de su condición empresarial para dar credibilidad, elabora una serie de documentos para desnaturalizar el producto, cuyas condiciones no pueden modificarse, al estar reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores».
Una «banca paralela»
La Fiscalía, en sus conclusiones, sostiene que «el capital invertido por todas estas personas derivaba en su propio beneficio [en alusión al director de la oficina], ya que en ocasiones se apropiaba de las cantidades intervenidas y, en otros casos, y dependiendo de la cantidad de los productos contratados, llevaba parejo el cobro de una retribución por productividad». Por estas y otras acusaciones, el ministerio público acusa a F.J.O.G. de dos delitos continuados de falsedad de documento mercantil y de apropiación indebida, y le reclama una pena total de 12 años de cárcel. La documentación bancaria recopilada por la Guardia Civil en diferentes registros y la aportada por los denunciantes hacen que la acusación sostenga que existía una «banca paralela» en la misma sucursal bancaria.
También se constata que algunos de los afectados eran parientes del único imputado u octogenarios. En todo caso, la gran mayoría eran, en aquellos años, pensionistas y hoy, a causa del desgaste ocasionado por el hecho de haber puesto en peligro sus ahorros hasta que no se resuelva el juicio, han visto cómo su salud sufría serios achaques y, en algunos casos, depresiones que acarrean rechazo a tan siquiera salir a la calle por la vergüenza que sienten al percibirse como jubilados estafados.
La entidad tiene la responsabilidad subsidiaria de devolver el dinero entregado
La recta final de la fase de instrucción ha estado condicionada por el acercamiento de CaixaBank para llegar a un acuerdo con los inversores que perdieron sus ahorros. Algunos han aceptado las ofertas, pero la mayoría no, y están a la espera de que finalice el juicio y se dicte la sentencia para exigir a la entidad bancaria la responsabilidad subsidiaria que le corresponde por ley, y que la Guardia Civil y la Fiscalía exponen reiteradamente en sus informes. En todo caso, el abogado de CaixaBank lleva un tiempo haciendo propuestas a las letradas de la acusación particular, aunque algunas de estas ofertas no se corresponderían con las inversiones realizadas en su día.
Caba decir que la Fiscalía reclama inicialmente a F.J.O.G. la devolución de las cantidades invertidas por los clientes en concepto de responsabilidad civil. En el caso de no poder asumirlas tendrá que hacerlo la entidad.