Los gallegos pagan por el IBI ahora 160 millones más que hace siete años

Los concellos recaudan con la contribución lo mismo que antes de la crisis y un 50 % extra

Recaudación por IBI urbano Recaudación por IBI urbano

Santiago / La Voz

Los contribuyentes gallegos pagaron el pasado año 2015 en sus respectivos municipios en concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI) 484,6 millones de euros, según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la recaudación por este tributo en Galicia en el año 2008, ejercicio que marca el inicio de la recesión y el estallido de la burbuja inmobiliaria, se situó en 324,2 millones. Es decir, que los gallegos ya pagan por este impuesto casi un 50 % más que antes de la crisis. Un aumento de los ingresos que podría estar inducido por el crecimiento del parque de viviendas, pero esto no fue precisamente lo ocurrido en ese período, caracterizado por una profunda contracción del mercado residencial.

El análisis de los datos revela que en el 2008 había en Galicia 2.223.818 recibos de este impuesto, una cifra que siete años después sube hasta los 2.599.788. Esto muestra un crecimiento del 16 %, muy por debajo del experimentado en la recaudación. Los mayores ingresos habría que buscarlos en la actualización de los valores catastrales a petición de los propios ayuntamientos -en el 2011 había más de cien municipios que llevaban dos décadas sin acometer una revisión-, en el incremento de los tipos y también en el afloramiento de bienes ocultos en virtud de un plan de regularización impulsado en el año 2013 por el propio Ministerio de Hacienda. Esto ha permitido visualizar a ojos del Catastro casas nuevas o reformadas, además de instalaciones, naves y establos en el medio rural, sujetos en este caso a contribución rústica.

Las grandes ciudades

Los datos actualizados por Hacienda muestran, por ejemplo, un notable incremento de los ingresos por IBI en los municipios cabecera de las siete ciudades gallegas; Vigo es la ciudad que experimenta un menor crecimiento en términos relativos, al pasar de 48,6 millones ingresados en el 2008 a 61,5 en el 2015, lo que supone un incremento del 26,5 %; le seguiría Lugo, que aumenta en ese período de 16,1 a 20,7 millones (28,5 %); A Coruña, que pasa de 41,7 a 57 (36,6 %); Ferrol, que aumenta de 11,9 a 16,5 (38,6 %); Pontevedra, de 11,7 a 16,5 (41 %); Santiago, de 19,2 a 27,5 (43,8 %) y, por último, Ourense, que pasa de 22,2 a 32,9 (48 %).

En estos datos hay que valorar que la capital gallega es la única que ha sufrido una variación en la revisión de su catastro, proceso que se hizo en el 2010. En el resto de ciudades, sus últimas actualizaciones son anteriores a que estallara la crisis. Pero el aumento de la recaudación por el IBI está inducido también por la subida de los tipos. «No debemos olvidar que el Gobierno central, en el año 2011, aprobó una subida de tipos que oscilaba entre el 4 % y el 11 % y que había que aplicar en función del año en el que se hubiera llevado cabo la última revisión catastral. «Esto ha tenido una incidencia muy clara a la hora de comparar la evolución de los ingresos en ese período», explican las fuentes consultadas en Hacienda.

El IBI es un impuesto estatal gestionado y cobrado por los ayuntamientos, así que existen múltiples variaciones en cuanto a la cantidad que se paga, las fechas de cobro y los métodos de fraccionamiento, según el municipio en el que se resida.

La localización del inmueble, el coste de ejecución, los materiales, los gastos de producción y otras referencias de mercado determinan el cálculo del valor catastral. También cabe recordar que en los años de bonanza y de expansión del ladrillo, coincidiendo con la revalorización de las viviendas, no se llevaron a cabo revisiones catastrales en muchos ayuntamientos.

Los municipios gallegos se han distinguido en relación con la media española por su inhibición fiscal, por una calculada estrategia de sus alcaldes para no cobrar más impuestos por razones electorales. Pero el fuerte desplome de los ingresos como consecuencia de la crisis obligó a gran parte de las corporaciones locales a tirar de este impuesto, su gran joya fiscal, y que aporta casi un tercio de los ingresos.

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